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  • EFE

El Ministro de la Defensa de El Salvador, David Munguía Payés, admitió hoy que la polémica tregua entre pandillas (2012-2014) bajo el mandato del entonces presidente Mauricio Funes (2009-2014) fue una política estatal, que tuvo el “respaldo” de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

Munguía Payés, que durante el armisticio era ministro de Seguridad, sostuvo durante una entrevista televisiva que la tregua “era parte de una política de Estado respaldada por la OEA” y puesta por este organismo como “un ejemplo para América Latina” en materia de seguridad.

Esta es la primera vez que un alto funcionario de Seguridad salvadoreño admite públicamente que la tregua formó parte de la estrategia para reducir los índices de asesinatos, y no que solo contó con el “acompañamiento” gubernamental, como ha dicho en diversas ocasiones el expresidente Funes.

No obstante, el jefe castrense, que junto a Funes han sido llamados por diversos sectores como “los padres de la tregua”, se desmarcó de la autoría intelectual de esta y señaló que fue la sociedad civil la que medió entre estas estructuras.

“La lógica era que si deteníamos esa guerra (entre las pandillas), iban a bajar los homicidios y pensamos que era bueno apoyar esa labor que nos estaba proponiendo la sociedad civil de detener esa matanza de los jóvenes”, sostuvo el ministro. Añadió que, pese a que la tregua fue una política estatal, “nunca nadie va a poner una prueba de que yo en algún momento me reuní con un pandillero a negociar”.

Munguía Payés también criticó al fiscal general, Douglas Meléndez, que calificó de “cochinada institucional” el armisticio por las prebendas que supuestamente el Gobierno dio a los pandilleros encarcelados, porque ha ofrecido beneficios judiciales a las personas enjuiciadas por su papel en la tregua para vincularlo con algún delito.

El jefe castrense dijo que las actuaciones de las 18 personas enviadas a juicio recientemente, entre funcionarios de las prisiones, policías, y el principal mediador de la tregua, estaba “fuera” de su control como ministro de Seguridad de la época.

El funcionario también lamentó que agentes de la inteligencia policial sean enjuiciados porque serán “blanco” de las pandillas con la revelación de su papel durante el armisticio, cuyo trabajó ahora sirve de insumo para combatir a estas estructuras.

Con estas declaraciones Payés confirmó la versión del Raúl Mijango, el principal mediador de la tregua enjuiciado, y Medardo González, secretario general del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de que la tregua fue una política pública. En febrero de 2015, el expresidente Funes justificó el acompañamiento del Gobierno a la tregua porque durante esta el promedio mensual de muertes violentas pasó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.