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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, presentó ante el Tribunal Supremo un recurso contra el proceso de cambio de la Constitución, que impulsa el gobierno de Nicolás Maduro y que organiza el Poder Electoral, por considerar que no cumple “con los extremos legales”.

“Estoy pidiendo a la Sala Electoral ahora, que declare la nulidad de las decisiones del Consejo Nacional Electoral (CNE) primero, la decisión de la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente por considerar que el decreto presidencial no cumplía con los extremos legales”, dijo la fiscal desde la sede del Poder Judicial.

Ortega Díaz pidió el jueves pasado a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo aclarar una decisión con la que este dio luz verde a Maduro para impulsar la Constituyente sin que se convocara un referendo previo para preguntar a los electores si estaban de acuerdo con iniciar este proceso.

La alta corte decidió esta semana que la fiscal no estaba  legitimada para solicitar esta aclaratoria.

Segundo intento 

Por ello, explicó Ortega Díaz, el Ministerio Público intenta esta segunda acción “para defender la soberanía popular, para defender la Constitución” y “especialmente porque es el pueblo soberano el que tiene la potestad de convocar” una Constituyente.

“Estoy aquí para intentar un recurso contra la Constituyente (...) un recurso contencioso electoral de nulidad, conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente medida cautelar innominada de suspensión de todos los efectos de la Constituyente”, explicó.

Además, solicitó también declarar la nulidad de las bases del proceso “porque son inconstitucionales”.

“Considero que el CNE incurrió en violaciones de los principios de progresividad de los derechos humanos, violación de la legalidad administrativa, del principio de igualdad y del voto, el derecho al sufragio y la participación política, el principio de la soberanía constitucional, especialmente ese”, afirmó.

La fiscal instó asimismo a los venezolanos a rechazar la iniciativa presidencial de cambiar el ordenamiento jurídico y a acudir al Supremo para “hacerse parte como terceros (...) y rechazar tal convocatoria”.

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