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Con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, el futuro de unos 57,000 inmigrantes hondureños que han estado viviendo en ese país bajo el Estatus de Protección Temporal es incierto por la nueva y dura política migratoria de Washington.

Aunque la Casa Blanca no ha dicho si ampliará o no a partir de enero de 2018 el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) vigente, el secretario de Seguridad Nacional de EE.UU., John Kelly, recordó en días recientes que esa iniciativa no es por tiempo indefinido y que los inmigrantes en algún momento deberán regresar a sus países.

Ante lo expresado por Kelly, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo el viernes pasado que esta próxima semana abogará ante altos funcionarios de EE. UU. por la ampliación, a partir de enero de 2018, de un nuevo TPS a favor de los inmigrantes hondureños que actualmente son favorecidos por ese programa.

Hernández planteará su petición sobre un nuevo TPS al secretario de Estado, Rex Tillerson, y a Kelly, con quienes se reunirá en Miami con ocasión de la Conferencia sobre Seguridad y Prosperidad en Centroamérica.

La conferencia, que se celebrará los días 15 y 16, es organizada por Estados Unidos y México, y hasta ahora de parte de Centroamérica han confirmado su asistencia Hernández, lo mismo que sus homólogos de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, y Guatemala, Jimmy Morales.

El TPS actual, por 18 meses, es el decimotercero de EE. UU. a inmigrantes hondureños, que en su mayoría viajaron a ese país después del paso del huracán Mitch, a finales de 1998, que dejó en Honduras más de 5,000 muertos y millonarias pérdidas económicas.

Hernández espera que EE. UU., como parte de la estrecha relación de cooperación con Honduras, haga una “especial consideración” para los inmigrantes hondureños que se benefician con el TPS, quienes representan además una de las principales fuentes de divisas para el país centroamericano.

AFECTARÍA A LA REGIÓN

Una eventual suspensión del TPS por parte de EE. UU. también afectaría a miles de salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses.

Para frenar la migración de centroamericanos a EE. UU., Washington aprobó en 2015 unos 750 millones de dólares para el Plan Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte de Centroamérica, que integran El Salvador, Guatemala y Honduras, de donde migran hacia Estados Unidos muchas mujeres y niños.

Pero esos recursos, que están siendo desembolsados gradualmente, no garantizan que cese la migración de centroamericanos, muchos de ellos huyendo por la violencia criminal causada por pandillas conocidas como “maras”.

La falta de fuentes de trabajo, los bajos salarios, la violencia y la necesidad de reencontrarse con familiares suyos son las principales causas para que en promedio unos 4,500 hondureños abandonen su país cada mes con la intención de llegar a EE. UU., según organismos humanitarios.

Si Trump no aprobara la decimocuarta ampliación del TPS y comenzara a deportar a los 57,000 inmigrantes hondureños, esto representaría un duro golpe para Honduras, que no tiene capacidad para recibirlos y ofrecerles de inmediato al menos un empleo digno. También sucede que muchos hondureños en EE. UU., que no se fueron a ese país por los daños causados por el huracán Mitch, no quieren regresar a su tierra porque migraron huyendo de pandillas que les amenazaban con matarles, según sus propias denuncias.

COMUNIDAD HONDUREÑA

De acuerdo con fuentes oficiales, entre residentes permanentes e indocumentados, en EE. UU. viven alrededor de 1.2 millones de hondureños que en el 2016 enviaron remesas familiares de alrededor de 4,000 millones de dólares, que representaron el 20% del producto interno bruto (PIB) del país.

Las remesas que envían los inmigrantes, algunas muy modestas que no superan los 200 dólares al mes, por lo general sirven para atender necesidades como la compra de útiles escolares de hijos que quedaron bajo el cuidado de familiares cercanos, el pago de servicios públicos, alimentación y otros asuntos domésticos.

Una eventual deportación masiva de inmigrantes de EE. UU. sería una nueva presión social para Honduras, un país con 8.7 millones de habitantes, de los que más del 60% son pobres, con un desempleo que afecta a casi dos millones y una violencia criminal que deja un promedio de doce muertos diarios, aunque se ha reducido.

Además se reduciría sustancialmente el envío de remesas familiares, según advierten organismos de derechos humanos y otros sectores del país, que coinciden en señalar que lo ideal sería que ningún hondureño migrara por necesidad.