• Caracas, Venezuela |
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  • EFE

La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó hoy al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que se retire la inmunidad de ocho magistrados de la Sala Constitucional de esa Corte para que puedan ser investigados por la decisión en la que asumieron las facultades del Parlamento.

"La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado a la nación, previsto y sancionado en el artículo 132 del código penal", afirmó la titular del Ministerio Público desde el máximo tribunal tras iniciar la acción legal.

Luisa Ortega, arreció este lunes su confrontación con el gobierno de Nicolás Maduro, al acusar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de agravar con su parcialidad la violenta crisis que sufre Venezuela desde hace dos meses y medio.

Ortega, confesa chavista ahora considerada "traidora" por el gobierno, impugnó ante el TSJ la designación de 33 de sus magistrados, al alegar que se produjo en un proceso "irregular", en diciembre de 2015, por el entonces saliente Parlamento de mayoría oficialista.

"La falta de legitimidad de esos magistrados es lo que afecta su idoneidad, su imparcialidad; es, sin duda, un factor que ha contribuido a que el TSJ no dé soluciones efectivas al país, sino por el contrario lo que se encarga es de acelerar la crisis", declaró la fiscal.

En una maratónica sesión extraordinaria, en víspera de la Navidad de 2015, la Asamblea Nacional -que era dominada por el oficialismo- nombró y juramentó a 13 magistrados titulares (de un total de 32) y 20 suplentes, días antes de que la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tomara el control legislativo.

La oposición siempre ha acusado a esa corte de servir a Maduro, pero los señalamientos de la fiscal profundizan no solo las fracturas del chavismo, sino también la crisis institucional desencadenada luego de que la MUD lograra una aplastante mayoría parlamentaria y rompiera 18 años de hegemonía oficialista.

Ortega, abogada de 59 años, se convierte en la más dura crítica del gobierno, mientras Maduro enfrenta protestas que exigen su salida del poder y dejan 66 muertos.

Manifestantes encapuchados incendiaron parcialmente este lunes un edificio administrativo del TSJ, en Chacao, este de Caracas, bastión opositor, epicento de violentos disturbios.

El Parlamento, el martes, discutirá un procedimiento para designar nuevos magistrados del TSJ; al tiempo que dirigentes opositores convocaron a volver a las calles el miércoles.

La fiscal se distanció de Maduro desde que el 31 de marzo consideró una "ruptura del orden constitucional" un fallo con el cual el TSJ se adjudicó las funciones del Parlamento. Esa fue la chispa que encendió las protestas.

La impugnación de los magistrados la presentó después de que el TSJ declarara "inadmisible" un recurso de nulidad que interpuso el pasado jueves contra una Asamblea Constituyente convocada por Maduro.

El TSJ argumentó que el recurso contenía una "inepta acumulación de pretensiones" y frenó así una movilización de venezolanos que, convocados por la MUD, pretendían adherirse a esa solicitud.

Unos 200 seguidores del gobierno y opositores intercambiaron en la mañana insultos y golpes en los alrededores del TSJ, aunque los accesos habían sido bloqueados por militares.

"No quieren que el pueblo se manifieste contra la Constituyente, que se vea la cantidad de gente que la rechaza", declaró a AFP la manifestante María Rodríguez.

Según una encuesta de Datanálisis, 85% de los venezolanos rechaza modificar la Constitución de 1999.

La sentencia "despeja toda duda sobre ausencia de remedios judiciales" a la crisis, opinó el constitucionalista José Ignacio Hernández.

"Inepta significa que es incapaz", dijo irónicamente el poderoso dirigente chavista Diosdado Cabello, candidato a la Constituyente.