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La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, dijo que para el gobierno de Nicolás Maduro “todo el país es terrorista” y aseguró que lo que existe es “terrorismo de Estado” al tiempo que resaltó que “se perdió el derecho a manifestar” y se enjuicia a civiles en justicia militar.

“Aquí parece que todo el país es terrorista, un alto porcentaje  del país es terrorista (...) yo lo que creo es que tenemos un terrorismo de Estado donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, donde se enjuicia a civiles en justicia militar”, afirmó.

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La fiscal reaccionó así durante una rueda de prensa que convocó tras una sentencia del Supremo en la que se le otorga a la Defensoría del Pueblo competencias propias del Ministerio Público en el marco de una ola de protestas antigubernamentales que ha dejado 76 fallecidos desde el 1 de abril.

La fiscal consideró además que esto significa que están “como desesperados para que haya un alzamiento militar” o para que “haya un golpe de Estado” por lo que pidió al país mantenerse apegado a la Constitución y a la Ley. END

Señaló que estas “acciones” que buscan crear miedo, odio y “amenaza”, riñen con “la venezolanidad”, por lo que consideró que es el momento de que a los venezolanos les duela su país.

“El país está cansado de tanto odio, de tanto desprecio, de tanto engaño y quiero recordar que las armas deben estar al servicio del pueblo. Para defender al pueblo están las armas y no para ser utilizadas en contra de él”, agregó. 

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Proceso judicial

Horas después de denunciar una ruptura del “orden constitucional”, la Corte Suprema de Justicia citó a la fiscal general, Luisa Ortega, a comparecer el 4 de julio a una audiencia que decidirá si es enjuiciada, ante lo que le prohibió salir del país, informó el tribunal.

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia acordó como medidas cautelares, la prohibición de salida del país y congelación de cuentas y bienes, precisó en un comunicado.

El TSJ, acusado de servir al Gobierno, ordenó también comparecer a la audiencia el diputado oficialista Pedro Carreño, quien presentó la solicitud de antejuicio contra la fiscal, y el defensor del Pueblo, Tarek William Sabb.

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Carreño, quien también pidió al TSJ evaluar la salud “mental” de Ortega, asegura que la fiscal “mintió” al asegurar que no había aprobado la selección de 33 magistrados, que según ella fueron designados irregularmente por el anterior Parlamento de mayoría chavista, en diciembre 2015.