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La ofensiva contra las pandillas iniciada por el gobierno salvadoreño en abril de 2016 causó un incremento en el número de denuncias contra los cuerpos de seguridad por violaciones a derechos humanos, advirtió la ombudsman salvadoreña Raquel Caballero.

“Las medidas extraordinarias sí afectaron negativamente la esfera de derechos humanos de la población, ya que el número de denuncias recibidas” por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) “aumentó luego de su implementación”, señaló la defensora del pueblo en un informe especial difundido este martes.

En el documento, Caballero compara la cantidad de denuncias contra la Policía y el Ejército recibidas cada mes de 2016 para determinar si las “medidas represivas” pudieron “cruzar el límite legalmente establecido y afectar la vida, la integridad, la seguridad o cualquier otro derecho”.

Caballero da cuenta de que en todo 2016 la PDDH recibió un total de 1,194 denuncias contra los cuerpos de seguridad, las que incrementaron a partir del recrudecimiento de la política antipandillas.

Denuncia incrementó

La procuradora indicó que hubo un “incremento significativo” en el número de denuncias recibidas durante los meses de abril y mayo de 2016, justo después del inicio de las medidas, y luego hubo una tendencia hacia la baja que se mantuvo hasta octubre y noviembre, “en lo cuales se repitió el alza”.

Explicó que “los hechos más denunciados a partir de la ejecución de las medias extraordinarias” son los “malos tratos” con 317 denuncias, las detenciones ilegales, con 113, y la intimidación, con 76.

Por otra parte, en 27 ocasiones fueron denunciadas ejecuciones extrajudiciales, los casos de amenazas en 16, y las torturas en 8, reseñó Caballero en el documento, que es de carácter “preliminar”.

Añadió que el mayor impacto de estas medidas lo sufren los presos, a quienes “les están siendo violados su derecho a la salud, a la seguridad, al debido proceso y al acceso a programas de readaptación”.