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La oposición venezolana convocó ayer a un paro general de 24 horas para este jueves 20, una acción de protesta que es parte de la “fase superior de la lucha cívica”, activada tras la consulta popular que se desarrolló el domingo contra el proceso constituyente abierto por el Gobierno.

El anuncio fue realizado por el diputado opositor y vicepresidente del Parlamento Freddy Guevara, que habló como portavoz de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática y adelantó también que el miércoles se harán públicos los primeros pasos para “conformar un Gobierno de Unidad Nacional”.

“Convocamos a todo el país a que este jueves asumamos en protesta pacífica y sin violencia un paro cívico nacional activo de 24 horas como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional”, dijo el diputado.

La alianza opositora (MUD) busca redoblar la presión contra el Gobierno al considerar que el resultado de la consulta popular convocada ayer, con más de 6 millones de votos contra la asamblea constituyente, “revoca” a Nicolás Maduro como jefe de Estado venezolano.

Nuevos magistrados del TSJ

Parte de esta estrategia es el nombramiento en el Parlamento (de mayoría opositora) de “los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia”, una medida que empezará a tramitarse el martes, según informó la MUD, que no reconoce la legitimidad de los jueces en ejercicio que pertenecen a una corte acusada de someterse a Maduro.

Con el respaldo institucional del Parlamento, que aprobó formalmente la convocatoria de la consulta del domingo y hoy recibirá el acta final de los resultados, la oposición prepara nuevas acciones de desobediencia al Gobierno.

El objetivo de la MUD, que cuenta en estas declaraciones de rebeldía con el respaldo de numerosos actores de la sociedad civil, es “enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución” de un “orden constitucional” que a su juicio ha sido repetidamente violentado por el chavismo gobernante.

Para llevar a cabo esta campaña, Guevara convocó a los ciudadanos a presentarse el miércoles a los puntos de votación donde sufragaron el domingo para conformar 2,020 “comités de la Hora Cero”, que deben servir como “núcleos de organización popular” para intentar parar la Constituyente y “restablecer el orden constitucional”.

La oposición venezolana tiene como prioridad detener la Asamblea Nacional Constituyente, que debe elegirse el 30 de julio y es vista por los detractores de Maduro como una forma de “consolidar una dictadura” en Venezuela a través de la redacción de una nueva Carta Magna.

Más de 6.3 millones de personas rechazaron este proceso en una consulta opositora, en la que el mismo número de venezolanos votó a favor de que los militares protejan la Constitución vigente, acaten las decisiones del Parlamento y favoreció la convocatoria a nuevas elecciones y la formación de un Gobierno de Unidad Nacional. 

La MUD llama a formar Gobierno de Unidad Nacional

Acusado de corrupción y de sumir el estado de Veracruz en la bancarrota, el exgobernador Javier Duarte pisó ayer suelo mexicano para enfrentar graves cargos ante la Justicia y convertido en un icono más de la crisis institucional que azota el país.

Fueron seis meses de fuga y 90 días detenido hasta ser entregado este lunes en extradición de Guatemala a México por agentes de la Policía Internacional (Interpol) y ante la atenta mirada de medios de comunicación  nacionales e internacionales.

Duarte, gobernador de Veracruz (este) de 2010 a 2016, es acusado de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero), abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado y tráfico de influencias.

Se le acusa de llevar a la quiebra a Veracruz al desviar fondos públicos por más de 58,000 millones de pesos (unos 3,300 millones de dólares), dejando de pagar salarios a diversos sectores y retrasando la entrega de recursos en los 212 municipios veracruzanos.

Veracruz es hoy uno de los estados más desiguales y violentos de México y durante su administración fallecieron 17 periodistas y otros tres se encuentran desaparecidos.

Duarte pertenecía al oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI) y llegó a ser presentado como un ejemplo de renovación de la formación política por el actual presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Por todo ello, su caso es uno de los más sonados de los últimos años en un Gobierno estatal y una nueva exhibición de los tentáculos que unen poder y corrupción en México.

Porque Duarte no es el único. En el país hay al menos una decena de exgobernadores involucrados en delitos por el uso indebido de su posición.

Algunos están prófugos y otros en medio de procesos judiciales, como Roberto Borge, exgobernador del turístico estado de Quintana Roo, también del PRI y hoy detenido en Panamá acusado también de malversación de fondos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.