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La Comisión Europea prometió ayer “actuar de manera adecuada en cuestión de días”, si los parlamentarios estadounidenses no tienen en cuenta sus preocupaciones sobre el impacto de nuevas sanciones de Estados Unidos contra Rusia.

El proyecto de ley podría “tener efectos unilaterales no deseados que afecten a los intereses de seguridad energética en la UE”, subrayó en un comunicado el presidente del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker.

“Por ello, la Comisión concluyó hoy que si nuestras preocupaciones no se tienen suficientemente en cuenta, estamos preparados para actuar de manera adecuada en cuestión de días”, advirtió Juncker tras una reunión del ejecutivo comunitario.

La Comisión Europea expresó su “preocupación” por el “posible impacto en la independencia energética de la UE”, así como por “sus posibles consecuencias políticas negativas”, al tiempo que recordó la importancia de coordinar la política de sanciones entre todos los países del G7.

El proyecto de ley, adoptado por la Cámara de Representantes y que debe ahora votarse en el Senado, incluye sanciones no sólo contra Rusia sino también contra Irán y contra Corea del Norte.

En su comunicado, el ejecutivo comunitario recordó que esta propuesta de legislación prevé “la imposición de sanciones contra cualquier compañía (incluso europea) que contribuya al desarrollo, mantenimiento, modernización o reparación de los oleoductos que exportan energía desde Rusia”.

“Según su aplicación, esto podría afectar a las infraestructuras que transportan recursos energéticos en Europa (...) así como a proyectos cruciales para los objetivos europeos de diversificación energética, como el proyecto de gas natural licuado (GNL) en el Báltico”, agregó.

Bruselas indicó que la UE estaba informando de sus preocupaciones a Washington a través de “vías diplomáticas” y que seguirá “vigilando de cerca el proceso legislativo en Estados Unidos y la puesta en marcha del proyecto de ley”. “Y actuará rápidamente si es necesario”, aseguró.

Varios países europeos, especialmente Alemania, se oponen a esa ley, ya que otorga al presidente estadounidense la posibilidad de sancionar a las empresas que trabajan en los oleoductos procedentes de Rusia, limitando por ejemplo el acceso a los bancos estadounidenses o excluyéndolos de los mercados públicos en Estados Unidos.