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Estados Unidos aumentó ayer la presión contra el plan del Gobierno venezolano de celebrar este domingo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) al sancionar a 13 funcionarios y ex funcionarios venezolanos, y advirtió de que, de producirse, esa elección podría marcar el “fin de la democracia en Venezuela”.

Cuatro días antes de la ANC, considerada por Washington una herramienta del oficialismo para perpetuarse en el poder, el Departamento del Tesoro anunció una nueva ronda de sanciones que afectan a altos cargos del Gobierno venezolano, y advirtió de que habrá más restricciones si la convocatoria sigue adelante.

“Vemos la fecha del 30 de julio (cuando se celebra la ANC) como una línea roja que, si se cruza, podría suponer el fin de la democracia en Venezuela”, dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, que pidió el anonimato.

De los 13 sancionados por el Tesoro, cuatro son castigados por haber promovido la Constituyente o por “socavar la democracia o los derechos humanos en Venezuela”. 

Los trece sancionados verán congelada cualquier propiedad que puedan tener en 

EE. UU. y tendrán prohibido hacer transacciones con estadounidenses o personas bajo la jurisdicción de este país. 

Entre ellos destacan Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ministro de Educación y exvicepresidente de Venezuela; y Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), que ha defendido la convocatoria.

El Tesoro también sancionó a una integrante de la comisión que dirige Jaua, María Iris Varela; y al defensor del pueblo de Venezuela, Tarek William Saab, por considerar que no está cumpliendo su cometido de “defender los derechos humanos” en el país.
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió la semana pasada de que impondría nuevas sanciones al Gobierno de Nicolás Maduro si seguían adelante con la celebración de la Constituyente.

Espoleada por los senadores de origen cubano Marco Rubio y Bob Menéndez, la Casa Blanca decidió anunciar sanciones antes del voto del domingo, pero insistió en que la amenaza de Trump sigue en pie y que, si finalmente se celebra la Constituyente, habrá nuevas “sanciones económicas inmediatas y fuertes” contra Venezuela.

Además, “cualquiera que decida unirse a la ANC deberá saber que su papel a la hora de socavar los procesos democráticos y las instituciones de Venezuela les expondrá a posibles sanciones de EE. UU.”, advirtió el citado funcionario.

Entre las sanciones que baraja la Casa Blanca para imponer después de la Constituyente están restricciones al sector petrolero de Venezuela, que podrían traducirse en un veto a los pagos en dólares por crudo venezolano o en una prohibición total de las importaciones a EE.UU., la nación que más compra ese producto.

“Las sanciones sectoriales todavía están bajo consideración, todas las opciones están sobre la mesa del presidente”, aseguró el citado funcionario.

Entre los sancionado por el Tesoro también hay cinco supuestos responsables de “la violencia y represión” en Venezuela, donde ha habido al menos 100 muertos y más de mil detenidos en relación con las protestas que comenzaron en abril.

El ministro del Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Néstor Reverol; el director nacional de la Policía Nacional Bolivariana de Venezuela, Carlos Alfredo Pérez; el exdirector de ese cuerpo policial, Franklin García Duque, integran esa lista de sancionados.

Venezuela vive este jueves su segundo día de paro. AFP/ENDJunto a ellos está el comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela (GNB, policía militarizada), Sergio Rivero Marcano; y el comandante general del Ejército Bolivariano de Venezuela, Jesús Rafael Suárez Chourio.

Otras cuatro personas fueron sancionadas por su relación con la petrolera estatal venezolana PDVSA o con el Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), entidades que, según el Tesoro, están “fuertemente asociadas” con “la corrupción del gobierno venezolano”.

Entre ellos están el vicepresidente de finanzas de PDVSA, Simón Zerpa, y el anterior ocupante de ese cargo, Carlos Malpica, que es sobrino de la esposa de Maduro, Cilia Flores.

Completan la lista el presidente del CENCOEX, Rocco Albisinni Serrano; y el expresidente de esa entidad y actual viceministro de Exteriores para Europa, Alejandro Fleming Cabrera.

El Gobierno de EE.UU. aseguró ayer que los activos congelados al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien impuso sanciones en febrero por sus vínculos con el narcotráfico, son mayores de lo anticipado y se elevan «a cientos de millones de dólares».

“El Aissami y (su colaborador Samark) José López Bello tenían mucho más dinero de lo que anticipábamos”, dijo a periodistas un alto funcionario del Gobierno de Donald Trump, que pidió el anonimato.