•   Asunción, Paraguay  |
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  • EFE

La Cámara de Diputados aprobó hoy una ley para subsidiar las deudas contraídas por miles de campesinos, a la que se oponía el Gobierno, y cuya sanción, que ahora deberá pasar al Ejecutivo, fue celebrada por centenares de labriegos apostados frente al edificio del Congreso. El proyecto aprobado, después de que la semana pasada hiciera lo propio el Senado, contempla el subsidio de las deudas por un monto máximo de 10.000 dólares por pequeño productor que no posea más de 30 hectáreas de extensión de tierra.

Fueron 38 los legisladores que votaron a favor, en su mayoría del opositor Partido Liberal y de la corriente disidente del gobernante Partido Colorado, frente a 27 votos en contra. Los diputados oficialistas que votaron en contra argumentaron que la ley es en la práctica una condonación, y que sería un ejercicio de irresponsabilidad aprobarla sin especificar el listado de beneficiarios ni el origen presupuestario del que deberá salir el monto para los subsidios.

La sesión, que se extendió durante varias horas, fue seguida de cerca por los grupos campesinos que desde hace semanas acampan frente al Congreso para exigir la condonación. La entrada al Congreso estaba protegida por agentes antidisturbios y resguardada por vallas metálicas.

La pasada semana los campesinos movilizados en la capital lograron una primera victoria con la media sanción del Senado, y este lunes se volvieron a realizar marchas en Asunción a la espera del tratamiento en la Cámara baja. Las organizaciones campesinas que convocaron las protestas estimaron en un monto de 34 millones de dólares el total de las deudas contraídas con entidades financieras públicas y privadas, y que afectarían a unas 17.000 personas.

La ministra de Hacienda, Lea Giménez, declaró la pasada semana que recomendaría al Ejecutivo el veto del proyecto si este era aprobado. Sin embargo, el presidente de Diputados, el oficialista Pedro Alliana, declaró el martes que el presidente paraguayo, Horacio Cartes, no vetará el proyecto de ley de ser aprobado en la Cámara Baja, para evitar una "crispación" política y social