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  • EFE

La investigación pedida por la Procuraduría anticorrupción para el caso Lava Jato contra el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, generó la molestia del Gobierno contra esta entidad, afirmó hoy la expresidenta del Consejo de Defensa Jurídica del Estado Julia Príncipe.

En una comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga el caso Lava Jato, Príncipe afirmó que la investigación contra el mandatario fue "el inicio de su molestia" contra la exprocuradora ad hoc Katherine Ampuero, despedida del cargo en julio último, así como contra ella misma, que renunció igualmente al puesto de confianza.

Los indicios contra Kuczynski se referían a supuestos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a compañías vinculadas al mandatario, lo cual ha sido rechazado por el jefe de Estado.

En Perú, Odebrecht es investigada por el presunto reparto de 29 millones de dólares en sobornos entre 2005 y 2014, y los primeros denunciados han sido el exmandatario Alejandro Toledo (2001-2006) y el expresidente Ollanta Humala (2011-2016), detenido en prisión preventiva, por presunto lavado de dinero.

El Gobierno peruano sostuvo que el despido de Ampuero respondió a la inhibición que presentó contra la intención de Odebrecht de vender el proyecto de irrigación Olmos, pero Príncipe afirmó que esa medida "fue sólo una excusa para sacar a la (entonces) procuradora".

Príncipe, cuyo cargo dependía del Ministerio de Justicia, se preguntó "¿cómo es que el Ejecutivo piensa en luchar contra la corrupción y el crimen organizado?" cuando, en su opinión, "no existen políticas ni estrategias".

"¿Cómo se piensa reforzar el sistema jurídico del país si se desatiende a las procuradurías como lo he reseñado? Desde el 18 de julio a la fecha se ha retrocedido en todo lo que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado avanzó", manifestó Príncipe.

A su turno, el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, citado ante la misma comisión parlamentaria, dijo que "no hubo nada irregular" en la salida de Ampuero y Príncipe porque eran cargos de confianza.

"La ministra (de Justicia, Marisol Pérez Tello) informó que la procuradora Ampuero contravino lo dispuesto en el decreto de urgencia 003 y que perdió su confianza", explicó Zavala, acompañado por la titular de Justicia.

El referido decreto fijó los parámetros para el pago de la reparación civil, a favor del Estado, en casos de corrupción, y, al impedir la venta de Olmos se perjudicaba la reparación, explicó el Gobierno.

Zavala remarcó que "no hay forma de que Odebrecht esté tratando de vender activos, fuera del sistema de Decreto de Urgencia 003" y Pérez Tello agregó que, gracias a ese decreto, el Gobierno ha logrado retener más de 10 millones de soles (3 millones de dólares) a la constructora.

La exprocuradora Ampuero sostenía que la mayor parte del dinero obtenido por la venta de Olmos iba a ir a un grupo de bancos, que encabezaban a los acreedores de Odebrecht, razón por la cual presentó el recurso de inhibición ante una sala judicial.