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  • AFP

El grupo que fracasó en su intento de tomar el poder durante medio siglo, inicia así una nueva etapa después de negociar y sellar la paz al cabo de cuatro años de negociaciones en Cuba.

Sin embargo, con el adiós a las armas de las FARC no termina el conflicto en Colombia.

Aún quedan activos unos 450 disidentes de ese grupo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -una guerrilla más pequeña con la que el gobierno intenta sellar la paz- y bandas dedicadas al narcotráfico de origen paramilitar.

- Una vida civil -

Por lo pronto, los excombatientes comenzarán su vida civil en las 26 zonas de desarme, que pasarán a ser conocidas como "espacios territoriales de capacitación y reincorporación" y estarán bajo vigilancia de las fuerzas armadas.

"La apuesta nuestra es que la inmensa mayoría, a partir de que logremos generar proyectos colectivos económicos, permanezca en esas zonas e incluso vengan las familias (...) a vivir en esas zonas", dijo recientemente a la AFP Carlos Antonio Lozada, otro dirigente de las FARC.

Este martes también salieron niños excombatientes que estaban las zonas guerrilleras.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo en un comunicado que "recibió a 24 menores de edad que salieron de siete zonas veredales", los cuales se suman a los 88 que ya estaban bajo protección estatal.

La nueva etapa enfrenta múltiples desafíos que van desde la seguridad física de los excombatientes hasta el lento proceso de amnistía para centenares de presos.

En Pondores, Márquez denunció que en los últimos dos días fueron asesinados dos miembros de la exguerrilla. La Fundación Paz y Reconciliación, que da seguimiento al pacto de paz, calcula que siete rebeldes murieron durante el proceso de desarme.

"Luego viene la seguridad económica, que es donde tenemos mayores problemas hoy día; los guerrilleros no saben qué va a pasar pasado mañana con ellos", dijo a la AFP Ariel Ávila, director de la Fundación.

Una vez terminada su historia militar, las FARC se aprestan a hacer política y a enfrentar la justicia.

Los rebeldes y agentes del Estado se someterán a una jurisdicción especial de paz que prevé sanciones alternativas a la cárcel para quienes confiesen crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia.