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La comisión que juzgará a los responsables de la “violencia política” en Venezuela se instalará hoy en Caracas por decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, informó la presidenta de ese organismo, Delcy Rodríguez.

La funcionaria, excanciller del gobierno de Nicolás Maduro, también presidirá esta instancia que lleva por nombre “Comisión para la verdad, la justicia, la paz y la tranquilidad pública” y celebrará hoy su primera sesión de trabajo en el Palacio Federal Legislativo, sede del Parlamento que es controlado por la oposición.

“La Comisión para la Verdad,  Justicia, Paz y Tranquilidad Pública circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia”, explicó Rodríguez el día en que se creó este órgano.

La creación de esta comisión fue encargada personalmente por el presidente Maduro, que ha adelantado que algunos de los líderes opositores que han convocado manifestaciones contra el Gobierno en los últimos meses irán a la cárcel, al considerarlos responsables de los disturbios en que han desembocado estas marchas.

La comisión se ocupará de juzgar actos como la difusión de contenidos que inciten a la “violencia” y el “odio”, y de comportamientos que hayan afectado “a la vida e integridad personal (...) física, síquica o moral”, a “la libertad personal”, la “tranquilidad” y el “patrimonio” público, así como al “sistema socioeconómico nacional”.

Elevar penas

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, pidió a la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada únicamente por oficialistas, aumentar el máximo de las penas de prisión para varios delitos, limitadas en la Carta Magna a 30 años.

“Las penas de los delitos graves que más daño hacen a la sociedad venezolana, nos parece que no corresponden a la magnitud del daño causado, como es el delito de homicidio, secuestro, traición a la patria, terrorismo y el delito de robo en cualquiera de sus modalidades”, dijo el magistrado.

A su juicio, quienes cometan tales faltas “deben cumplir más de 50 años, todo lo cual requiere que se revise el tope constitucional de 30 años previsto en nuestra Constitución”.

Frente a los más de 500 integrantes de la ANC en Caracas, Moreno también remarcó que la corrupción administrativa “merece el castigo severo de la Ley” para impedir que los “enemigos de la patria se enriquezcan de manera desmedida y luego quieran legitimar sus capitales en otros países”.

“Por eso creo pertinente que revisemos con realidad el incremento de las penas en los delitos de corrupción y un sistema anticorrupción que bien podría ser manejado por el Seniat (Hacienda) para hacerse de los bienes y los recursos provenientes de la corrupción administrativa”, expuso.

El jefe del Poder Judicial solicitó además calificar “el delito de intolerancia ciudadana o delito de odio” como una falta penal y revisar, asimismo, la efectividad de las leyes vigentes y los sistemas de investigaciones penales.

Tragedia en Venezuela 

Venezuela vive “la tragedia de la tiranía”, pero tanto Estados Unidos como Argentina creen en las vías pacíficas para recuperar la democracia en la nación petrolera, dijeron este martes en una conferencia de prensa conjunta en Buenos Aires, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y el mandatario Mauricio Macri.

“El presidente Trump me envió aquí para que quede claro en Argentina y en toda América Latina que Estados Unidos no se va a quedar de brazos cruzados mientras Venezuela se desmembra”, indicó.

“Estamos viendo la tragedia de la tiranía ante nuestros propios ojos”, agregó Pence y recordó que Trump “dejó en claro que Estados Unidos tiene muchas opciones, y nos reservamos estas opciones”.