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  • AFP

La justicia argentina concedió este miércoles la prisión domiciliaria a la líder social Milagro Sala, encarcelada desde enero de 2016 y cuya liberación fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un caso que puso en un brete internacional al gobierno de Mauricio Macri.

La defensa de esta líder afín al kirchnerismo objetó las condiciones de prisión domiciliaria porque se dispuso que se cumpla en una casa que describen como "inhabitable".

Además se ordena que la custodie la Gendarmería Nacional, fuerza federal en el ojo de la tormenta por un caso de supuesta desaparición forzada de un joven en el sur del país en una protesta mapuche.

La abogada defensora Elizabeth Gómez Alcorta dijo a la AFP que "el domicilio no tiene ni luz, ni agua, está absolutamente saqueado no tiene ni ventanas".

"Le van a poner una custodia que está prohibida que es de las fuerzas federales, todas son irregularidades e ilegalidades. Pero en las condiciones en las que está hoy Milagro acepta eso y después discutiremos", dijo.

Sala, una líder indígena de 53 años, está presa en Jujuy, 1.900 kilómetros al norte de la capital argentina. Enfrenta cargos por supuestas amenazas y malversación de fondos para construir viviendas a través de la organización Tupac Amaru durante los gobiernos de Cristina Kirchner (2007-2015).

Activista del proyecto kirchnerista que gobernó Argentina entre 2003 y 2015, Sala está enfrentada con el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, promotor de causas en su contra y aliado del presidente Macri.

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detención Arbitraria consideró su detención como arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y ha llamado a su liberación inmediata desde 2016.

Una decena de organismos defensores de derechos humanos internacionales se unieron al pedido, que resultó ser una piedra en el zapato para el presidente Macri al ser comparada con el caso del preso político venezolano Leopoldo López por Amnistía Internacional.

- Genocidas a sus casas, Sala no -

Pese a la orden judicial, aún resta que otro juez que lleva una causa contra Sala también se expida en favor de la prisión domiciliaria para que ésta se haga efectiva.

El juez Gastón Mercau dictó la prisión domiciliaria en un inmueble de la organización social Tupac Amarú en las afueras de la capital jujeña.

"La vivienda adonde se dispuso el traslado es una vivienda inaccesible, no cuenta ni con ventanas, ni puertas, ha sido saqueada, es un lugar que no permite la habitabilidad", explicó a la AFP el abogado querellante en causas de lesa humanidad Eduardo Tavani, integrante del Comité por la libertad de Milagro Sala.

Tavani adelantó que apelarán las condiciones de la orden "para que ella pueda estar en el lugar adonde es el asiento de su domicilio y donde convive con su esposo".

"Si hacemos un comparativo, los genocidas que terminan gozando de una domiciliaria se vuelven a sus casas", señaló al recordar a decenas de condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1976-83) que cumplen sus condenas en sus casas por disposición judicial.

- Seguridad -

Otro aspecto cuestionado por la defensa de Sala es que estará custodiada por Gendarmería Nacional, policía de frontera de carácter federal en Argentina y que el gobierno suele usar como apoyo en cuestiones de seguridad.

"Esto es inédito, y más inédito es que hayan impuesto como custodia a la Gendarmería Nacional, una fuerza federal que no tiene esa competencia, que violenta las normas", indicó Tavani.

La Gendarmería está bajo la lupa desde que desalojó una protesta mapuche el 1 de agosto en Chubut (sur) en un operativo donde se denunció la desaparición de un joven artesano y por cuyo caso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, debió dar explicaciones en el Senado.

Según la orden judicial de este miércoles, Sala deberá someterse a controles médicos y psicológicos cada 30 días y en el domicilio no podrán visitarla más de siete personas a la vez, a excepción de familiares, y en horario restringido.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había pedido al Estado argentino en un plazo que venció la semana pasada "medidas alternativas a la detención preventiva" para que Sala pueda enfrentar los procesos en libertad y sugirió que se concediera la prisión domiciliaria.