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El Servicio de Inteligencia de Venezuela (Sebin) allanó la vivienda de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, en Caracas, horas después de que el recién designado fiscal Tarek Saab, pidiera la privativa de libertad de su esposo, el diputado Germán Ferrer, a quien el chavismo acusa de liderar una red de extorsión.

“En este momento el Sebin allana mi vivienda como parte de la venganza de este Gobierno, por luchar contra el totalitarismo que existe en Venezuela”, informó Ortega Díaz, a través de un mensaje en su cuenta de la red social Twitter.

La residencia se encuentra rodeada de patrullas y funcionarios del servicio de inteligencia, y hasta el momento no le han permitido el acceso a la prensa.

En otro mensaje Ortega Díaz indicó que de esta forma el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el oficialista Diosdado Cabello “pretenden acabar” con la lucha de ella y su esposo “por la democracia y la libertad de los venezolanos”.

Horas antes el nuevo fiscal había solicitado al presidente del Supremo, Maikel Moreno, que librara una orden de captura contra Ferrer mientras se iniciaba “el proceso de allanamiento a su inmunidad parlamentaria”.

Esta acción de Saab se produjo luego de que el miembro de la Asamblea Nacional Constituyente conformada solo por oficialistas, el poderoso dirigente Diosdado Cabello, pidiera la detención de Ferrer por supuestamente liderar una red de extorsión que operaba en el Ministerio Público (MP) mientras Ortega era fiscal general.

El nuevo fiscal exhibió unos papeles en los que supuestamente consta que Ferrer abrió varias cuentas en divisas, en bancos de las Bahamas y aseguró que esta “red de extorsión” que operaba desde el MP tiene cuentas con montos que superan los 6 millones de dólares.

Saab acusó a Ortega de convertir al MP, durante los más de nueve años que estuvo dirigiéndolo, “en un lugar que en vez de combatir los delitos particularmente graves como son la corrupción, el lavado de dinero, la legitimación de capitales y la delincuencia organizada” en un “centro de chantaje” y “de extorsión”.

Fiscal anti corrupción

Todo el peso del poder en Venezuela puso su marca sobre Pedro Lupera, un fiscal casi desconocido que está en la mira de las autoridades con una orden de captura, pero que hasta hace una horas era el líder una de las mayores investigaciones de corrupción contra funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro.

El fiscal del Ministerio Público, en materia de corrupción, forma parte del escuadrón de la exfiscal Luisa Ortega Díaz, una antigua partidaria del gobierno que rompió filas hace unos meses, y pasó a encabezar la lista de enemigos de la llamada revolución bolivariana y bandera del chavismo disidente enemistado con Maduro.

El nombre de Lupera salió del anonimato con la denuncia de Diosdado Cabello. 

Inhibidos en elecciones 

La Asamblea Constituyente venezolana examinará las candidaturas a las elecciones de gobernadores para impedir la postulación de políticos presuntamente envueltos en hechos de violencia.

Delcy Rodríguez, presidenta de este suprapoder que redactará una nueva constitución, dijo que pedirá al Consejo Nacional Electoral (CNE) que “envíe la lista completa de todos quienes se han postulado” para los comicios de octubre.

El propósito es que “más nunca alguien ocupe un cargo y, prevaliéndose de esa posición pública afecte la paz y la tranquilidad de Venezuela”, señaló a periodistas.

“Queremos determinar si alguno de los postulados, indistintamente de su filiación partidista o política, ha estado incurso en hechos de violencia”, agregó.

La excanciller hizo al anuncio al tiempo que dio a conocer que la Constituyente, a través de su Comisión de la Verdad, abrió una investigación contra líderes opositores a quienes acusa de promover la violencia durante protestas contra el gobierno, que dejaron unos 125 muertos en los últimos cuatro meses.