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Seis personas fueron detenidas ayer por las autoridades de Guatemala en un operativo que busca dar con más responsables implicados en la estafa de 1,540 millones de quetzales (unos 205.33 millones de dólares) a más de 9,000 clientes del Banco del Comercio de Guatemala, que en 2007 suspendió sus operaciones al haberse quedado sin liquidez.

El Ministerio Público (MP-Fiscalía) indicó, en un breve comunicado, que este sábado realiza 13 allanamientos en la ciudad de Guatemala, en los que buscan investigar a trabajadores y extrabajadores de la Superintendencia de Bancos y la Instancia de Verificación Especial.

Supuestamente ellos eran los encargados de la “supervisión de los bancos”, y de vigilar las “transacciones sospechosas”, pero según la investigación “no reportaron los movimientos ilegales que efectuó dicho Banco, lo que habría motivado la estafa a los clientes”.

Los capturados

Hasta el momento las órdenes de aprehensión, giradas por delitos de lavado de dinero, intermediación financiera y omisión de denuncia, han permitido la captura  de Ricardo Guillermo Vélez Lara, Juan Carlos García Revelorio, Efraín Gómez Samayoa, Óscar Rubén Ortiz Zelada, Mario Roberto Ochoa Maldonado y Samuel Rubén Alcántara Miró. El operativo, que continúa en marcha, forma parte de la segunda investigación de este caso, por el que 17 personas fueron enviadas a juicio el pasado mes de mayo por el delito de lavado de dinero u otros activos e intermediación financiera, entre otros. Según la investigación, las 17 personas, auditores y representantes legales de varias empresas que fueron detenidas y ligadas al proceso el año pasado, estafaron a clientes e inversionistas del Banco de Comercio.

Por intermediación financiera 

La Junta Monetaria suspendió las actividades del Banco de Comercio en 2007, debido a su insolvencia financiera.

La institución había sido acusada de intermediación financiera, es decir que el dinero captado lo invertía en créditos o financiación de cualquier naturaleza sin lo establecido en la Ley de Bancos.

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Según la Fiscalía, una de las formas de operar consistió en otorgar préstamos millonarios sin garantía a empresas relacionadas con el Banco de Comercio. El dinero se habría captado por medio de la Organizadora de Comercio S.A., ubicada en Panamá, y la Organizadora del Comercio S.A., con sede en Guatemala. 

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