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Organismos internacionales y varios gobiernos de América y Europa reafirmaron ayer su apoyo al Parlamento venezolano y su rechazo a la Constituyente, integrada solo por oficialistas, luego de que esta decidiera asumir competencias para legislar, lo que consideran que ahondará la crisis en el país.

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Tras la decisión de la Asamblea Constituyente, diplomáticos de doce países visitaron ayer la sede del Parlamento venezolano, de mayoría opositora, para expresarle su respaldo.

A la sede acudieron representantes de las embajadas de España,Holanda, Chile, Italia, Alemania, Austria, Argentina, Polonia, Méxi co, Francia, Reino Unido y Portugal, que se reunieron con la directiva del Parlamento, poco antes de que este celebrara una sesión para adoptar una resolución ante la medida tomada el viernes por la Constituyente.

En un comunicado conjunto, doce gobiernos de América expresaron que el acto de la Constituyente “de usurpar las competencias y facultades legislativas”, ratifica “la ruptura del orden democrático y constitucional en Venezuela”.

Además, reiteraron “el no reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente y de los actos que emanen” de ella y reafirmaron su pleno apoyo al Parlamento y su decisión “de intensificar consultas para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Venezuela”.

El comunicado fue firmado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile,Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, llamado el Grupo de Lima tras la declaración suscrita por sus cancilleres hace diez días para denunciar una “dictadura”, y el “quiebre democrático” en Venezuela.

El Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con Venezuela suspendida indefinidamente, también condenó la decisión “de usurpar las atribuciones” del Parlamento, elegido “democráticamente por la mayoría de los venezolanos” y que ven como “único y exclusivo titular del Poder Legislativo en ese país”.

Para el bloque, esto agrava los conflictos en lugar de buscar el “necesario restablecimiento de la democracia”.

La medida fue tomada por la Constituyente luego de que la directiva del Parlamento no acudiera a una reunión a la que había sido convocada por ese órgano, que los opositores tildan de “fraudulento” y ven como un instrumento del Gobierno de Nicolás Maduro para consolidar una dictadura en el país.

En un decreto, la Constituyente aprobó “asumir las competencias para legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos”.

Tras el anuncio del decreto, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, lo definió como “la disolución fraudulenta” del Parlamento, y dijo que es la “profundización del golpe de Estado en Venezuela”.

Autoritatismo

“Esta toma de poderes está diseñada para suplantar la Asamblea Nacional democráticamente elegida por un comité autoritario que opera por encima de la ley”, afirmó el Departamento de Estado de EE. UU. 

Mientras el Ejecutivo español señaló que es una decisión que “no contribuye a la reconciliación ni al futuro democrático de Venezuela” y que demuestra “un grave desconocimiento de la voluntad del pueblo venezolano”. Autoridades parlamentarias de nueve países iberoamericanos -España, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, México, Panamá y Perú- también condenaron la “ruptura del orden democrático”, exigieron la aplicación de la Carta Democrática y ratificaron que la vía electoral “es la única salida a la crítica situación”.

Parlamento opositor ratifica su vigencia

El Parlamento venezolano, en manos de la oposición, ratificó ayer su vigencia en su primera sesión desde que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), instaurada por el oficialismo se atribuyera el viernes las funciones de la Cámara para legislar provocando una nueva ola de condena internacional.

La Cámara acordó rechazar “la usurpación de la soberanía popular” representada por el Parlamento como “único titular del Poder Legislativo”, y continuar activa para seguir defendiendo el mandato que le dieron los 14 millones de personas que votaron en las elecciones legislativas de diciembre de 2015.

En la sesión de ayer se aprobó asimismo constituir una comisión especial conformada por cinco diputados que se encargue de “investigar” el “fraude constituyente de manera que la Asamblea Nacional (Parlamento) pueda intentar acciones legales nacionales e internacionales en defensa” de la democracia en Venezuela.

Durante la sesión los oradores repasaron las medidas que desde la victoria por mayoría absoluta de la oposición en las últimas legislativas han tomado el Gobierno y el Tribunal Supremo, que habían supuesto la anulación de la capacidad legislativa y de control de un Legislativo privado también de toda asignación económica.