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La familia del periodista Cándido Ríos, asesinado el martes a balazos, exigió ayer una investigación completa a la justicia de México, donde suman 10 comunicadores ultimados en 2017, pero el Gobierno presume que el crimen “estaba dirigido a otra persona”.

Ríos, de 55 años, fue baleado junto a un exjefe policíaco y su guardia de seguridad.

“Pido justicia, que se investigue bien”, dijo a la prensa Hilda Nieves Martínez, esposa de Cándido, durante el velorio realizado en su casa, localizada en el municipio de Hueyapan de Ocampo, en el sur de Veracruz, el distrito mexicano con más comunicadores asesinados.

Pero a menos de 24 horas del crimen y sin que las autoridades estatales hayan concluido una investigación, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Interior), Roberto Campa, insinuó que Cándido fue asesinado por un error de cálculo.

El crimen “no tiene que ver con el análisis de riesgo del periodista, tiene que ver con otros riesgos vinculados con las personas que perdieron la vida en el evento de ayer” (martes) junto con Cándido Ríos, indicó Campa.

Más de un centenar de periodistas han sido asesinados en México desde 2000 y se ha vuelto costumbre que la autoridad, sin mediar mayor investigación, achaque el crimen a cualquier motivo ajeno al trabajo periodístico.

Con la voz quebrada, la hija del periodista, Cristina Ríos, dice estar segura de que su padre fue asesinado por ejercer el oficio de informar.

“A través de esa actividad periodística él desenmascaraba, acusaba a personas poderosas, a caciques del pueblo”, comentó Cristina Ríos en el velorio.

Ríos, autodidacta del oficio, denunciaba en su diario de forma reiterada al exalcalde de Hueyapan de Ocampo, Gaspar Gómez, por corrupción.

Jorge Morales, secretario de la gubernamental Comisión para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz, dijo que el periodista había interpuesto denuncias por agresiones ordenadas por el exfuncionario, desde golpes hasta detenciones arbitrarias y torturas.

“Cándido Ríos había seguido la ruta de los periodistas en riesgo: denunció formalmente y pidió protección oficial. Habría que preguntar qué fue lo que falló en la protección y qué pasó con las denuncias periodísticas que hacía contra el exalcalde y las jurídicas por las agresiones y amenazas”, dijo de su lado a la AFP, Balbina Flores, representante en México de Reporteros Sin Fronteras.

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