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Estados Unidos impuso el viernes las primeras sanciones financieras a Venezuela, que afectarán la emisión de deuda y que siguen a las ya decretadas contra el presidente Nicolás Maduro y varios de sus colaboradores, aunque descartó una acción militar en el corto plazo.

Un decreto del presidente Donald Trump, el primero que afecta al país en su conjunto, “prohíbe transar nueva deuda emitida por el Gobierno de Venezuela y su empresa petrolera estatal”.

“También prohíbe las transacciones en ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de dividendos al Gobierno de Venezuela”, informó la Casa Blanca. Hasta ahora, las sanciones de Washington hacia Venezuela se habían circunscrito a represalias financieras y jurídicas contra Maduro y una veintena de funcionarios y exfuncionarios de su Gobierno, a los que acusa de quebrantar la democracia, propiciar la corrupción o violar los derechos humanos.

La Casa Blanca dijo que en esta ocasión “para mitigar el daño al pueblo estadounidense y al venezolano”, el Departamento del Tesoro emitirá licencias con un período de liquidación de 30 días para permitir transacciones que de otro modo quedarían prohibidas, entre ellas las vinculadas con exportación e importación de petróleo. “Estas medidas están cuidadosamente calibradas para negar a la dictadura de Maduro una fuente crucial de financiamiento para mantener su mandato ilegítimo”, apuntó en un comunicado.

Washington y Caracas retiraron a sus respectivos embajadores desde 2010. Pero hasta ahora mantienen estrechos vínculos económicos y comerciales, sobre todo en la industria petrolera.

Estados Unidos compra 800,000 barriles diarios de petróleo, de los 1.9 millones que produce Venezuela.

Venezuela “es la peor agresión”

El gobierno de Maduro deploró las nuevas sanciones estadounidenses contra la “democracia” venezolana y se preguntó si Trump busca “crear o promover una crisis humanitaria”. “Esta es la peor agresión”, dijo el canciller Jorge Arreaza, tras reunirse en Nueva York con el secretario general de la ONU, Antonio Guterres. “Venezuela es una democracia”, subrayó. “¿Qué quieren? ¿Hacer pasar hambre al pueblo venezolano? ¿Eso es lo que quieren hacer?”, agregó y dijo que para compensar el impacto, Caracas se acercará más a Rusia y China. Venezuela está sumida en una profunda crisis económica, política e institucional. En medio de protestas opositoras que dejaron al menos 125 muertos entre abril y julio, el 4 de agosto Maduro instaló una Asamblea Constituyente con plenos poderes, desconocida por la oposición y varios países, entre ellos Estados Unidos. “La dictadura de Maduro sigue privando al pueblo venezolano de alimentos y medicinas, encarcelando a la oposición democráticamente elegida y suprimiendo violentamente la libertad de expresión”, enfatizó este viernes la Casa Blanca.

Riesgo de impagos

La agencia de calificación financiera SP Global Ratings advirtió en julio sobre el riesgo de impagos debido al deterioro de las condiciones económicas y el aumento de las tensiones políticas en Venezuela.

Entre octubre y noviembre, Venezuela y PDVSA deberán pagar unos 3,800 millones de dólares en vencimientos de bonos. El analista económico venezolano Rafael Quiroz advirtió sobre el impacto negativo que pueden causar las sanciones.

“Eso nos afecta seria y directamente, porque hay varios bonos de la República, como bonos de PDVSA, que están en posesión de personas naturales y jurídicas en Estados Unidos. Venezuela tiene compromisos que debe honrar”, dijo a la AFP.  “Vamos a disponer de menos divisas para importar alimentos y medicinas, que ya estamos necesitando”, agregó.

Sin operación militar próxima 

Al explicar en rueda de prensa las sanciones financieras, la Casa Blanca descartó que en lo inmediato se planee una operación militar contra Venezuela, una posibilidad evocada hace dos semanas por Trump, pero rechazada por los países latinoamericanos, incluyendo a los más críticos de Maduro.

“Evaluamos una amplia gama de opciones. Cualquier decisión será tomada en acuerdo con nuestros socios en la región. Ninguna acción militar está planteada en el futuro cercano”, declaró el general HR McMaster, asesor de seguridad nacional de Trump.

La Casa Blanca había mencionado antes la Declaración de Lima al afirmar que “Estados Unidos no está solo en la condena al régimen de Maduro”.

En ese texto del 8 de agosto, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú expresaron su “enérgica condena a la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de usurpar las competencias” del Parlamento. 

“Las nuevas sanciones financieras de Estados Unidos apoyan esta postura regional de aislamiento económico de la dictadura de Maduro”, subrayó la Casa Blanca. 

Como respuesta a una eventual intervención militar estadounidense, Venezuela prepara para este fin de semana ejercicios militares en los que participarán unos 200,000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y otros 700,000 milicianos, reservistas y civiles.

Alcance del decreto del presidente Trump

La orden ejecutiva firmada por Trump prohíbe las “negociaciones en deuda nueva y capital emitidas por el Gobierno de Venezuela y su compañíapetrolera estatal (PDVSA)”.

También prohíbe las negociaciones de bonos emitidos por el Gobierno de Venezuela antes de la emisión de la orden ejecutiva y de “pagos de dividendos u otras distribuciones de beneficios al Gobierno de Venezuela de cualquier entidad poseída o controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno de Venezuela” en EE. UU. La prohibición afecta a las negociaciones hechas en EE. UU. o por una “persona de Estados Unidos”, término que, como precisa el Departamento del Tesoro, se refiere a los ciudadanos con esa nacionalidad, los residentes permanentes, entidades organizadas bajo la ley del país, cualquier jurisdicción en el país (incluidas filiales internacionales) o cualquier persona en Estados Unidos. EE. UU. afirma que con estas sanciones busca “proteger” su sistema financiero de “complicidad en la corrupción de Venezuela y en el empobrecimiento del pueblo venezolano”. La secretaria del Tesoro explica que, a efectos de esta medida y cuando se habla  del “Gobierno de Venezuela” se refiere también a cualquier subdi
visión política, agencia u organismo oficial, incluyendo el Banco Central, PDVSA y cualquier persona que actúe en su nombre.

Las excepciones 

La Casa Blanca, en su nota, explicó que se buscará “mitigar el daño al pueblo estadounidense y venezolano” con la emisión de “licencias generales que permiten transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la orden ejecutiva”. Estas licencias incluyen “la financiación de la mayor parte de los intercambios comerciales, incluyendo las exportaciones e importaciones de petróleo, transacciones que solo involucran a Citgo (empresa estadounidense, la mayor filial de PDVSA fuera de Venezuela), las negociaciones de cierta deuda venezolana existente y la financiación de bienes humanitarios”.

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