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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) apuntó a posibles ejecuciones extrajudiciales por parte las fuerzas de seguridad y a varios casos de desapariciones forzadas durante las protestas antigubernamentales en Venezuela.

“La Acnudh llegó a la conclusión de que las fuerzas de seguridad emplearon sus armas de servicio durante las manifestaciones, causando la muerte de 27 manifestantes”, según el informe definitivo sobre las violaciones cometidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, periodo en el que murió un total de 124 personas.

De las 124 muertes relacionadas con las manifestaciones que el Ministerio Público ha investigado, las fuerzas de seguridad son responsables de, al menos, 46; dos se produjeron por inhalación de gases lacrimógenos, uno por perdigones de plástico, 14 por perdigones y “metras” (canicas), dos por el impacto de cartuchos de bombas lacrimógenas u otros, y 27 por armas de fuego.

La ONU ya adelantó, el pasado día 8, las conclusiones preliminares de su investigación, la cual efectuó mediante 135 entrevistas a testigos desde Panamá y Ginebra, dado que no tiene acceso al país.

Homicidio internacional

“El homicidio intencional perpetrado con armas de fuego u otras armas menos leales, a menos que sea estrictamente inevitable para proteger la vida humana, contraviene las normas internacionales y equivale a un uso excesivo de la fuerza y, posiblemente a una ejecución extrajudicial”, señala.

La Acnudh ha registrado además “varios casos de desapariciones forzadas”, una forma particularmente agravada de detención arbitraria, pero ha podido determinar el paradero de todas las personas cuyos casos fueron documentados.Fuente: Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Según la ONG Foro Penal Venezolano, 5,051 personas, entre ellas 410 niños, fueron detenidas entre el 1 de abril y el 31 de julio, fecha esta última en la que seguían arrestadas 1,383 personas.

Al menos 609 civiles detenidos tuvieron que comparecer ante tribunales militares, por lo general aquellos considerados opositores.

El organismo sostiene que los casos más graves fueron responsabilidad del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y de la Guardia Nacional Bolivariana (Policía militarizada).

A muchos detenidos les propinaron fuertes palizas en todo el cuerpo, incluidos los genitales, y a un hombre lo esposaron y suspendieron de la tubería de un tanque de agua durante nueve horas y lo golpearon sin interrupción.

Otras personas sufrieron quemaduras de cigarrillos, fueron obligados a arrodillarse por largo tiempo o a escuchar canciones y consignas progubernamentales durante horas.

En uno de los casos más graves se utilizaron descargas eléctricas, pero la Acnudh también documentó casos en los que las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos y otros productos químicos en espacios confinados o los aplicaron directamente a las vías respiratorias de los detenidos para estimular su asfixia.

Ante la constatación de todos estos abusos, entre otros que ha documentado, la Acnudh pide al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU que consideren “adoptar medidas” para evitar un mayor deterioro de las libertades fundamentales en Venezuela, y solicita a Caracas que le dé nuevamente acceso al país.