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 Un total de 35 miembros de estructuras criminales, acusados de asesinar a policías y militares en El Salvador, fue trasladado al centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, donde cumplirá su condena bajo régimen especial de internamiento.

Los reos, procedentes de otras prisiones y calabozos de la Policía Nacional Civil (PNC), están vinculados a atentados contra personal de instituciones de seguridad, y entre los 35 trasladados, se encuentran “autores materiales e intelectuales de los crímenes contra uniformados”.

El ministro salvadoreño de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez, señaló que “los sujetos trasladados pasan a cumplir su condena en un régimen especial de internamiento que incluye el aislamiento total”.

El funcionario subrayó que “las acciones que se están tomando van orientadas a controlar la situación y están dando resultados positivos”, al endurecer los regímenes de internamiento de los pandilleros considerados “más peligrosos”.

Aplicar la ley

Las autoridades reiteraron su compromiso de “capturar y aplicar todo el peso de la Ley” a quienes atenten contra miembros de seguridad y realizaron un llamado a los grupos políticos a prevenir ser infiltrados por miembros de estructuras criminales.

Desde el 1 de enero de 2017, suman 23 los policías ultimados, de los que 18 fueron víctimas de una ola de ataques contra miembros del cuerpo de seguridad desde mediados de junio pasado; a estos se suman al menos 8 militares y un custodio de centros penales.

El viceministro de Seguridad del país centroamericano, Raúl López, aseguró recientemente que las pandillas “han iniciado una escalada premeditada de violencia homicida para presionar, para el ablandamiento de las medidas extraordinarias”, de seguridad implementadas desde marzo de 2016.

Elecciones pronto

Según los informes de la inteligencia estatal, otro de los factores que han llevado a estos grupos a recrudecer la violencia es la proximidad de las elecciones para diputados y alcaldes en marzo de 2018 en busca de pactos.

Diversos sectores aseguran que las pandillas buscan diferentes beneficios a cambio de reducir los índices de violencia o votos.    

A mediados de agosto, El Salvador registró un alza en las muertes violentas, que en ese momento rompió “el esquema de la cantidad que veníamos teniendo”, de menos de 10 homicidios, según el director de la Policía, Howard Cotto.

El Ejecutivo atribuye a las medidas extraordinarias, que incluye el recrudecimiento del régimen carcelario, una baja del 37% de los asesinatos en lo que va de 2017, pasando de 3,597 entre enero y mediados de agosto de 2016 a 2,259, en la actualidad.

Entre 2012 y 2014 las pandillas mantuvieron una tregua, que según reveló el ministro de la Defensa, David Munguía, fue puesta en marcha por la Administración de Mauricio Funes (2009-2014), aunque este sostiene que fue iniciativa de las “maras” y de la sociedad civil.