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El Parlamento Europeo exhortó al Gobierno a que permita a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) desarrollar sus actividades “sin interferencia política”.

“Hacemos un llamamiento al presidente, Jimmy Morales, y al gobierno de Guatemala para que permita a la Cicig desarrollar sus actividades sin interferencia política para que pueda cumplir su mandato”, dijo el ente europeo en un comunicado difundido en la capital guatemalteca.

En el escrito, firmado por la presidenta Sofia Sakorafa y dos vicepresidentes, destaca la importancia de respetar la independencia del Poder Judicial en el fortalecimiento del Estado de Derecho y por ello advierte que “Guatemala no debe poner en riesgo la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

El martes pasado, la Corte de Constitucionalidad resolvió suspender definitivamente la orden presidencial de declarar no grato y por ende la expulsión del comisionado colombiano, por considerar que Morales no respetó varios preceptos constitucionales.

La decisión del máximo órgano jurisdiccional “impugna el acto del presidente” al entender que “actúa con ilegalidad”, pues, según la resolución, “no cumplió con los preceptos constitucionales, específicamente el Artículo 182 de la Constitución”.

Mal proceder

Morales se basaba además en el Artículo 183, inciso p, de la Carta Magna, el cual indica que el presidente está facultado para “recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequátur a los cónsules”, un precepto que el Constitucional concluyó que no procedía.

Finalmente, el amparo definitivo añadía que, según el Artículo 12 del Convenio de Creación de  la Cicig, del año 2007, el presidente Morales debía llegar a un acuerdo con Naciones Unidas para solventar cualquier tipo de controversia, como la supuesta injerencia que argumentó para expulsar al Velásquez del país.

El Parlamento Europeo manifestó su preocupación por la decisión de Morales, “un grave revés para la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala”, y dijo recibir con “beneplácito” la sentencia del Constitucional.