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El fiscal general de El Salvador, Douglas Meléndez, respaldó ayer la propuesta del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, de declarar un “estado de emergencia” por la ola de asesinatos de policías que vive el país centroamericano. 

“Debe hacerse, porque ante las situaciones anormales hay que buscar también soluciones anormales” porque “no es posible que estén matando policías”, sostuvo Meléndez en rueda de prensa y apuntó que los agentes deben portar sus armas y chalecos antibalas en sus días libres.

En lo que va del 2017, el país centroamericano registra un total de 23 policías ultimados, de los que 18 fueron víctimas de una ola de ataques contra miembros del cuerpo de seguridad desde mediados de junio pasado, a los que se suman 9 militares y un custodio de prisiones. 

Meléndez también señaló que a finales de la semana pasada la Fiscalía obtuvo información “concreta” y “corroborada” de que los líderes de las pandillas han ordenado “atentar” contra los custodios de centros penales. 

El pasado 22 de agosto, el viceministro de Seguridad, Raúl López, señaló que las pandillas salvadoreñas han arreciado los asesinatos y los ataques contra policías para obligar al Gobierno a “ablandar” las medidas “extraordinarias” de seguridad implementadas desde 2016. 

“Las estructuras han iniciado una escalada premeditada de violencia homicida para presionar, para el ablandamiento de las medidas extraordinarias”, señaló López en rueda de prensa. 

Añadió que según los informes de la inteligencia estatal, otro de los factores que han llevado a estos grupos a aumentar la violencia es la proximidad de las elecciones para diputados y alcaldes en marzo de 2018. 

El Gobierno atribuye a las medidas extraordinarias, que incluyen el recrudecimiento del régimen carcelario para las pandillas, una baja del 37% de los asesinatos en lo que va del 2017, pasando de 3,597 entre enero y mediados de agosto del 2016 a 2,259, en la actualidad.