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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) tomó ayer el control de las actuaciones para evitar el referéndum  del 1 de octubre, hasta ahora promovidas por la Fiscalía, y ordenó a la Policía que cierre los centros de votación e impida que se prepare la consulta en ellos.

A tres días de la fecha fijada por el Gobierno catalán para celebrar el referéndum, la magistrada del TSJC Mercedes Armas ordenó a la Policía catalana, conocida como Mossos d’Esquadra; la Policía Nacional y la Guardia Civil que, de forma conjunta, impidan que se abran los locales designados para la consulta secesionista y requisen el material electoral que encuentren en los mismos.

La jueza solicitó también a la Fiscalía que cese en sus “diligencias, actuaciones e instrucciones” sobre el referéndum, ya que será ella quien asuma las próximas directrices, tras semanas que el Ministerio Público ha llevado la iniciativa.

No obstante, la magistrada avaló en su auto judicial la decisión de la Fiscalía de ordenar el precinto de los locales designados como puntos de votación y de que sea un cargo del Ministerio español de Interior quien coordine el operativo policial contra la consulta.

En una de sus últimas instrucciones, a la que tuvo acceso Efe, la Fiscalía ordenó a las policías locales garantizar que el material electoral propiedad del Estado que guardan los ayuntamientos catalanes, fundamentalmente urnas, sean utilizados para el referéndum.

La Fiscalía dispuso también que la Guardia Civil y la Policía Nacional, junto a las policía locales, apoyaran si fuera necesario a los Mossos d’Esquadra, después de que la policía catalana expresara sus reticencias a la orden de precintar los locales del referéndum antes del próximo sábado.

El jefe operativo de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluis Trapero, se comprometió ayer a cumplir con las órdenes de la Fiscalía, aunque alegó que se ajustarían a los principios de “oportunidad, proporcionalidad y congruencia”, ante el riesgo de alteraciones en el orden público.

Grupos independentistas han pedido a sus activistas que se concentren en las escuelas para permitir que sean utilizadas el día 1 e impedir que las fuerzas de seguridad las clausuren.

En este contexto se enmarca la advertencia del jefe de los Mossos, ante el temor de que una intervención policial ante un grupo de concentrados pueda degenerar en desórdenes.

Por otro lado la Audiencia Nacional anunció también que investigará los disturbios ocurridos el 20 y 21 de septiembre en Barcelona, fundamentalmente el hostigamiento a agentes de la Guardia Civil durante una operación policial contra el referéndum.

La seguridad y el orden público también estuvieron presentes en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, donde el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá, “mientras sea necesario”.

Diálogo

Otros grupos, como los socialistas (PSOE) y los liberales (Ciudadanos) hicieron llamamientos al Ejecutivo catalán para que retire su pretensión de una consulta y recupere el diálogo con el Gobierno español.

También llamó al diálogo y a una solución basada en el respeto a las leyes, la Conferencia Episcopal Española (CEE), después de que más de 300 sacerdotes y diáconos catalanes firmaran un manifiesto de apoyo a la independencia y, posteriormente, otros 400 religiosos pidieran la mediación del papa Francisco a favor de la consulta.

Desde las filas secesionistas, el presidente catalán Carles Puigdemont, convocó para hoy la llamada Junta de Seguridad de Cataluña, un organismo que agrupa a los responsables en ese ámbito tanto de carácter estatal como regional.

La convocatoria es otra muestra de la distancia entre el Gobierno español y el autonómico, porque la reunión debe hacerse por iniciativa de ambas partes y Puigdemont ha optado por hacerlo de modo unilateral. 

Así se pretende realizar el referéndum prohibido

Esto es lo que se sabe sobre el dispositivo para realizar el referéndum que se celebrará el domingo.

Las papeletas

La Guardia Civil española, que multiplica sus registros, confiscó cerca de 10 millones de papeletas de voto, aparentemente asestando un serio golpe a la organización.

Por ello Raul Romeva, responsable de Relaciones Exteriores de la región, declaró a la AFP que podrían ser impresas nuevas papeletas.

“Podemos garantizar que todo lo que hace falta para poder votar existe. Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán”.

Las urnas

Las fuerzas del orden no las han hallado todavía. Según publicó el diario El Mundo este miércoles, la policía sospecha que pudieron haber sido distribuidas por fábricas de pan y una gran cadena de supermercados en sus camiones. Estarían ya en los municipios.

De 948 alcaldías catalanas, 712 (entre ellas cinco de las diez ciudades más pobladas en la región), han anunciado que participarán en el escrutinio o se mantendrán neutrales, como Barcelona, Terrassa, Badalona, Sabadell y Reus. Las grandes urbes que participan representan 2.3 millones de habitantes de 7.5 millones en Cataluña.

Los centros de votación

La lista de centros no ha sido publicada.

La fiscalía ordenó el martes a la policía regional, los Mossos d’Esquadra, identificar los centros de votación y sus responsables, precintarlos y ponerlos bajo vigilancia a partir del viernes como muy tarde hasta la noche del domingo 1 de octubre y evitar que se vote en 100 metros a la redonda.

Los Mossos han dicho que respetarán la directiva a condición de que no se genere un riesgo importante de alteraciones del orden público.

Listas electorales

Las listas electorales deberían ser transparentes y públicas, pero no han sido divulgadas.

La ley electoral, adoptada por la mayoría separatista del parlamento regional el 6 de septiembre pero suspendida por el Tribunal Constitucional, precisa que los electores son 5.5 millones, “residentes en Cataluña o en el exterior”.

Convocatoria de los electores

Para saber dónde deben votar, los electores deben consultar páginas de Internet donde introducen su número de documento de identidad. Estos sitios online cambian regularmente porque la justicia los va cerrando. La noche del martes fueron clausurados alrededor de sesenta.

Un colaborador de la AFP pudo encontrar la dirección de su centro de votación, pero varios miembros de su familia no lo consiguieron, sin tener a quién dirigirse para lograrlo.

El miércoles, el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, anunció el lanzamiento de un canal en la red social Telegram para dar a conocer los lugares de votación.

La comisión electoral

Esta comisión de cinco miembros y sus delegados provinciales renunciaron para evitar multas diarias de entre 6,000 y 12,000 euros diarios impuestas por el Tribunal Constitucional.

El Ejecutivo catalán podría nombrarla en el último minuto para reducir el monto de las multas.

Según la Comisión de Venecia, un órgano del Consejo de Europa especializado en la democracia a través del derecho, un referéndum debe ser organizado por un “órgano imparcial”.

Pero la comisión electoral fue designada por el gobierno independentista y sus miembros tenían lazos con los separatistas.

Conteo de los votos

Según El Mundo, la policía busca la central informática que debe recolectar los resultados del conteo de votos, que estaría en los alrededores de Barcelona.

Seguridad

La seguridad es una de las cuestiones que más preocupa a habitantes y autoridades.

Los Mossos estiman que es “más que previsible” que el hecho de precintar los colegios electorales provoque “alteraciones del orden público”.

Las autoridades catalanas apelan constantemente a la calma y al civismo. Aunque para prevenir cualquier eventualidad, el gobierno español ha desplegado allí dos tercios de sus agentes antidisturbios, y más de 10,000 agentes de las fuerzas del orden, aparte de los 16,000 Mossos.