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Miles de estudiantes en huelga salieron este jueves a las calles de Barcelona, como parte de la “movilización permanente” de los separatistas catalanes, a dos días del referéndum de independencia prohibido por la justicia española.

Los estudiantes de secundaria y universidad tratan de defender con huelgas y protestas la celebración de la consulta, contra la que el Gobierno y la justicia española desplegaron un amplio dispositivo legal y policial.

En la última de una larga lista de operaciones, la Guardia Civil incautó este jueves en un almacén a 65 km de Barcelona 2.5 millones de papeletas, seis millones de sobres y cien urnas, informó una fuente policial.

Según los propietarios del almacén, las urnas, las primeras requisadas por la Policía en su despliegue para impedir la votación, eran para las elecciones a la presidencia del FC Barcelona, señaló esta fuente. Un portavoz del club de futbol dijo que dicha empresa “había sido proveedora del club”.

En las últimas dos semanas, la justicia y la Policía desplegaron un abanico de medidas contra este referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional, que el gobierno español de Mariano Rajoy quiere detener a toda costa.

Así, incautaron abundante material electoral, clausuraron decenas de webs sobre la consulta y detuvieron a altos cargos del gobierno regional implicados en su organización, lo que generó fuertes protestas en esta región de 7.5 millones de habitantes, divididos sobre la secesión, pero ampliamente favorable a esta consulta.

Envueltos en banderas independentistas y con gritos de “¡votaremos!” e “¡independencia!”, unos 16,000 jóvenes marcharon por el centro de Barcelona, según cifras de la Policía municipal.

Llamamiento a la calma

La movilización estudiantil podría traducirse en la ocupación de colegios susceptibles de servir para la votación del domingo, en un intento de impedir la orden judicial de precintarlos a más tardar el viernes por la noche.

La Policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, encargados de ejecutar esta orden, se muestran reticentes ante el “riesgo” de disturbios que entrañaría.

En este ambiente de tensión, el presidente regional Carles Puigdemont encabezó una junta de seguridad en la que participaron los cuerpos policiales y un alto cargo del Ministerio del Interior español.

Los representantes del gobierno español y el ejecutivo independentista regional dejaron patentes sus diferencias sobre si hay que cerrar o no colegios electorales a pesar de la decisión judicial y solo coincidieron en la necesidad de evitar situaciones de violencia.

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, explicó que el líder catalán se negó a suspender el referendo, y el responsable regional de Interior, Joaquim Forn, insistió: “no pararemos la convocatoria del referéndum”.

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