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El gobierno español advirtió al Ejecutivo de Cataluña y a sus “socios” secesionistas que tendrán que responder ante la Justicia por el referéndum ilegal que ha convocado para el 1 de octubre, cuyos preparativos fueron dados a conocer ayer a la prensa por representantes de la administración catalana.

A pocas horas de la consulta secesionista, prohibida por el Tribunal Constitucional, el Gobierno catalán anunció que prevé disponer de 2,315 colegios electorales y de 7,235 personas para intentar que el próximo domingo unos 5.34 millones de ciudadanos puedan votar, a pesar del amplio dispositivo policial que tratará de impedirlo.

El Ejecutivo catalán presentó a los medios de comunicación un modelo de urna diferente al que se ha usado en otros procesos electorales —de metacrilato— y que consiste en un recipiente de plástico blanco con el emblema de la región y cerrado con unas bridas.

“La presentación de unos contenedores o cubos como urnas cobrando diez euros no está mal como imaginación”, ironizó ayer el ministro portavoz del gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, sobre la presentación a la prensa de los preparativos del referéndum, por la que se cobró esa cantidad de dinero a los asistentes.

Méndez de Vigo responsabilizó al Ejecutivo catalán y a sus socios de la formación independentista CUP de “deslealtad institucional” y “desobediencia constitucional” y aseguró que tendrán que responder por ello ante los tribunales.

Policía comienza a intervenir

La Policía autonómica de Cataluña (Mossos d’Esquadra) comenzó ayer a personarse en los edificios públicos, designados por las autoridades catalanas como centros de votación para desalojarlos, cerrarlos e intervenir los materiales electorales, siguiendo instrucciones de su jefe operativo, Josep Lluis Trapero.

Trapero dio órdones a sus agentes en cumplimiento de la instrucción del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que les obliga a impedir la apertura de esos centros para acoger la votación del 1 de octubre.

Los Mossos también deben comunicar a las personas que se encuentren en el interior de los locales que los deben desalojar antes de las 6:00 horas (4:00 GMT) del 1 de octubre.

“Las leyes obligan a todos, recalco, a todos, porque nadie está por encima de la ley. La convivencia y el progreso y bienestar no son posibles al margen el imperio de la ley y del Estado de derecho”, aseveró.

Méndez de Vigo reiteró que la consulta secesionista del domingo es ilegal y carece de garantías democráticas, por lo que señaló que “lo que suceda el día uno no será un referéndum”.

A pesar de las advertencias del gobierno español, el Ejecutivo catalán reiteró ayer que “el domingo se votará”, y que se hará entre las 9 y las 20 horas (de 7:00 a 18:00 GMT), según informó durante la presentación de los preparativos para la consulta secesionista el consejero de Presidencia catalán, Jordi Turull.

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