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  • AFP

Dos influyentes líderes independentistas fueron enviados a prisión provisional por el delito de sedición este lunes, lo que amenaza con tensar la crisis entre los separatistas de Cataluña y el Gobierno central, tras un nuevo día de diálogo de sordos.

Luego de un cruce de cartas entre el presidente catalán, Carles Puigdemont y el jefe de Gobierno español, Mariano Rajoy, que evidenció el bloqueo de la peor crisis política en 40 años de democracia en España, la jornada culminó con noticias de los tribunales, donde también se libra la batalla.

Una jueza de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en los casos más complejos, decretó prisión preventiva para los líderes de dos destacadas asociaciones independentistas catalanas, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, por el delito de sedición ligado a hechos ocurridos el 20 de septiembre en Barcelona.

El auto los señala como los "principales promotores y directores" de una multitudinaria concentración ese día ante un edificio del Gobierno catalán en el que la policía española efectuaba registros para impedir el referéndum de autodeterminación en Cataluña del 1 de octubre.

Los manifestantes dañaron vehículos policiales y dificultaron por horas la salida de los agentes.

Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC), y Cuixart, de Òmnium Cultural, se subieron sobre un vehículo de la Guardia Civil española y llamaron a "la movilización permanente".

La jueza decretó su encarcelación porque temía que pudieran "destruir fuentes de prueba" o incurrieran en "reiteración delictiva", toda vez que pertenecen a un "grupo organizado" que busca "fuera de las vías legales la independencia de Cataluña", según el auto.

Mientras que los líderes fueron enviados a prisión provisional tras declarar ante la Audiencia Nacional este lunes, otros dos encausados por los hechos, el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna quedaron en libertad provisional.

En protesta, estalló una cacerolada que resonó por extensos minutos en varios barrios de Barcelona y otros lugares de Cataluña. En la plaza Sant Jaume de la capital catalana se concentraron unas 400 personas al grito de "Independencia", constató una periodista de AFP.

El Estado 'provoca'

A Trapero, conocido por liderar la investigación de los atentados yihadistas en Cataluña en agosto, se le acusa también de sedición por no haber hecho supuestamente lo necesario a fin de impedir el referendo del 1 de octubre prohibido por la justicia, en el que se escudan los independentistas en su lucha por separarse de España.

El delito de sedición puede ser castigado con hasta 10 años de prisión en el caso de ciudadanos y de 15 años para autoridades.

La medida contra Sánchez y Cuixart causó irritación en las autoridades catalanas, que la calificaron de "provocación", aun cuando llamaron a la calma.

"Lamentablemente, tenemos prisioneros políticos de nuevo", escribió en Twitter el presidente catalán.

"El Estado español está jugando a provocar, pero no podemos caer en eso", dijo de su lado el portavoz del Gobierno catalán, Jordi Turull, mientras que la presidenta del parlamento regional, Carme Forcadell, calificó los hechos como una "barbaridad".

Tanto la ANC como Òmnium anunciaron una jornada de movilizaciones el martes, tanto en Barcelona y otras ciudades.

"No podrán encarcelar a todo un pueblo", escribió Òminum en Twitter.

72 horas de plazo

Tras el referéndum del 1 de octubre -con 43% de participación y 90% de síes-, Puigdemont hizo un amago de declarar la independencia al afirmar que asumía el mandato surgido de la consulta, pero dijo que su proclamación quedaba en suspenso para permitir un diálogo con el Gobierno central.

Mariano Rajoy le respondió con un requerimiento para que aclarase formalmente si había declarado la independencia, y le había dado plazo hasta este lunes.

De esa forma, dio el primer paso para aplicar el Artículo 155 de la Constitución, que permite al Gobierno central suspender la autonomía de una región si ésta desobedece la ley.

Pero Puigdemont eludió contestar este lunes en su carta y ofreció dos meses para dialogar.

En respuesta, Rajoy insistió en que Puigdemont ya solo dispone de tres días, hasta el jueves a las 10H00 (08H00 GMT) para dar marcha atrás.

"Espero que en las horas que le quedan hasta el segundo plazo (...), responda con toda la claridad que todos los ciudadanos exigen y el derecho requiere", escribió el jefe del Gobierno español.

La presión sobre Puigdemont viene también del mundo económico: ante la incertidumbre política, del 2 al 11 de octubre 540 empresas hicieron gestiones para sacar sus domicilios sociales de Cataluña.

La última en hacerlo, este mismo lunes, fue Codorníu Raventós, una empresa que desde el siglo XVI produce vino en Cataluña y es famosa por su cava, un vino espumoso que compite con el champán francés.

Mientras, el gobierno español recortó este lunes en tres décimas su previsión de crecimiento el PIB para 2018, a 2,3%, producto principalmente de la "incertidumbre" por Cataluña, en un plan presupuestario enviado a Bruselas.