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La Corte informó en un comunicado haber “declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley de Cataluña 19/2017, del 6 de septiembre, denominada ‘del referéndum de autodeterminación’, suspendida cautelarmente el pasado 7 de septiembre”. “Para ninguno de los ‘pueblos de España’ (...) existe un ‘derecho de autodeterminación’”, indicó el fallo unánime de los doce jueces del tribunal. El “’derecho’ a promover y consumar su secesión unilateral del Estado (...) no está reconocido en la Constitución”, agregó. Desde 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del Ejecutivo y del Parlamento catalanes destinadas a la organización de un referéndum de autodeterminación. La ley por la que se convocó el referéndum fue suspendida al día siguiente de ser votada por el Parlamento regional catalán, en una caótica sesión que fue calificada por diputados unionistas como “golpe de Estado” de la mayoría independentista. El referéndum tuvo lugar el 1 de octubre, pese a los 
esfuerzos del Gobierno central y la justicia española por impedirlo, y estuvo marcado por cargas policiales. La consulta, que no contó con las garantías electorales habituales, fue ganada por el sí con un 90% de los votos y un 43% de participación, según los independentistas.

Protestas 

Miles de catalanes salieron a las calles este martes en protesta por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la justicia, en medio de una crisis enquistada entre el Gobierno regional y el central. A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio “la liberación de los presos políticos”, en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán Carles Puigdemont y parte de su Gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban “libertad”, “independencia” y “la represión no es la solución”. El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves “en solidaridad” con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau. Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para 2018, de 2.6% a 2.3%.

“Sin fundamento jurídico"

Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del Gobierno de Cataluña, una región de 7.5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español. El jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy, emplazó a Puigdemont a que clarificara si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que éste contestó el lunes con una oferta de diálogo pero no con un “sí” o un “no”. Ahora, el presidente catalán tiene hasta el jueves para responder de nuevo y eventualmente rectificar. A todo esto, Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de septiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.

Cómo se desarrollan los acontecimientos

El pasado lunes la jueza Carmen Lamela, del Juzgado Central de Instrucción Nº 3, decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza para el presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Se les acusa de un presunto delito de sedición, por la convocatoria de concentraciones los pasados 20 y 21 de septiembre con el objetivo de obstruir las actuaciones policiales que se produjeron aquellos días en diferentes edificios de la Generalitat.

A pesar de los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional acerca de la inconstitucionalidad de un referéndum de inconstitucionalidad, los pasados días 6 y 7 de septiembre se aprobaron en el Parlamento regional de Cataluña sendas leyes de referéndum de autodeterminación y de transitoriedad jurídica y fundacional de la república de Cataluña, que contravienen abiertamente la Constitución y el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. Sobre la base de las mismas, la Generalitat convocó un referéndum de autodeterminación que debía tener lugar el 1 de octubre y puso en marcha una serie de actuaciones para su celebración. Tanto las leyes como el decreto de convocatoria fueron suspendidos por el Tribunal Constitucional, que reiteró a todos los poderes públicos su deber de “impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada”.

 Los líderes de la ANC y Òmnium Cultural pretendieron obstruir, con las concentraciones convocadas, las actuaciones policiales ordenadas por jueces y fiscales, en el marco de los procedimientos abiertos para evitar la organización de dicho referéndum. Son estas actuaciones, que se inscriben dentro del presunto delito de sedición, las que han llevado a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart frente a los tribunales.

 Según las autoridades españolas, no se juzga a estas dos personas por sus ideas independentistas, que llevan años defendiendo con gran intensidad, sin que la justicia haya encontrado razones para actuar contra ellas. De hecho, la libertad política que consagra la Constitución Española permite la existencia de partidos independentistas, cuyos objetivos no tienen cabida en el marco legal español en estos momentos, pero podrían conseguirse, previa reforma constitucional, siguiendo los cauces legales y con las mayorías necesarias para ello.

Tampoco se les juzga por hacer un llamamiento a una manifestación pacífica, sino, como explica la juez en su auto, por promover y organizar una concentración “para la ‘protección’ de sus gobernantes e instituciones, mediante movilizaciones ciudadanas masivas, frente a los lugares donde estaban llevando a cabo actuaciones policiales”. Recuerda, asimismo, el auto que “en algunas de ellas se expresaba incluso que las concentraciones que existían eran ‘para parar a la Guardia Civil’”.

Las autoridades españolas consideran  –como hace la juez en el auto-, que “algunos de los congregados pincharon ruedas y destrozaron coches patrulla de la Guardia Civil. Otros impidieron a los agentes de la Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y a los integrantes de la comisión judicial, abandonar los edificios tras los registros practicados”. Y se recalca, asimismo, que ambos líderes, “subidos a un coche de la Guardia Civil, llamaron a la ‘movilización permanente’ desde ese día, a favor del referéndum y en contra de las actuaciones ordenadas judicialmente para impedirlo.

Para el Gobierno de España es un Estado de derecho, donde no se juzga a nadie por sus ideas, sino cuando se producen actuaciones fuera del marco legado. Es una democracia consolidada, donde no hay presos políticos y donde rige la separación de poderes, lo que implica, entre otras cosas, que todos somos iguales ante la ley.