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Las medidas fueron acordadas ayer en consejo de ministros al amparo del Artículo 155 de la Constitución, para atajar el desafío separatista del Ejecutivo nacionalista catalán.

Serán presentadas en principio el 27 de octubre al Senado español, donde el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy tiene mayoría absoluta.

Gobierno Catalán

El gobierno de Rajoy pide al Senado el cese de la totalidad del gobierno regional catalán, que tiene como presidente a Carles Puigdemont y como vicepresidente a Oriol Junqueras.

Sus funciones quedarán en manos de “los órganos o autoridades que cree a tal efecto o designe el gobierno de la nación”. Rajoy dijo a la prensa que “en principio”, la idea es que los ministerios de su gobierno asuman dichas funciones el tiempo que dure “esta situación excepcional”.

Igualmente, se pide que Rajoy tenga potestad para disolver el Parlamento catalán y convocar elecciones “en el plazo máximo de seis meses desde la aprobación por el Senado”. Actualmente, dicha competencia le corresponde a Puigdemont como presidente de la Generalitat.

Más allá del gobierno catalán, el ejecutivo de Rajoy pide poder proceder a nombramientos, ceses y sustituciones temporales en todos los organismos y entidades dependientes de la Generalitat.

Policía Catalana 

Cataluña cuenta con su propia fuerza de Policía, los Mossos d’Esquadra, que en condiciones normales dependen exclusivamente del consejero regional de Interior. Solo en caso de operativos desplegados por motivos de especial gravedad pueden depender del Estado.

El ejecutivo de Rajoy pide sin embargo ahora “dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento” a los alrededor de 16,000 agentes con que cuentan los Mossos.

Incluso, “en el caso de que sea necesario”, los miembros de la Policía catalana “serán sustituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, esto es, la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Telecomunicaciones y medios 

Rajoy pide igualmente asumir “las funciones de la Generalitat de Cataluña relativas a las telecomunicaciones y a los servicios digitales”.

Esto implica el control del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI), el órgano que coordina y planifica los sistemas y servicios informáticos desplegados por el gobierno regional.

Del lado de los medios de comunicación, la televisión y la radio públicas (TV3 y Catalunya Ràdio) quedan bajo control del Gobierno central, como cualquier otro ente dependiente de la Generalitat.

Dicho control permitirá a Rajoy proceder a ceses y nombramientos en dichos medios, e incluso influir en su contenido. El texto acordado en consejo de ministros dice que en los medios públicos catalanes se “garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural”.

Sindicatos de periodistas de TV3 han criticado el sesgo independentista de la cadena, al igual que sindicatos de Televisión Española (TVE) se han quejado de lo que consideran un sesgo oficialista en la cobertura de la crisis catalana.

Parlamento

El gobierno de Rajoy pide también poner bajo su completa tutela la actividad del Parlamento catalán, donde los independentistas tienen actualmente una mayoría de 72 escaños sobre un total de 135.

A comienzos de septiembre, estos legisladores hicieron aprobar la ley que permitía el referéndum de autodeterminación prohibido del 1 de octubre, y que esta semana fue anulada por el Tribunal Constitucional.

El texto que se someterá al Senado establece que la cámara catalana “no podrá tramitar iniciativas que resulten contrarias a las presentes medidas”.

Para asegurarse de ello, el Gobierno central designará una autoridad que, de manera sistemática, tendrá 30 días para dictaminar si un texto en trámite es conforme o no a las medidas de intervención de la autonomía regional.

Dicho control se extiende a todas las proposiciones de ley que se presenten.

Igualmente, una vez cesado Puigdemont, la cámara no podrá celebrar ningún debate ni votación de investidura de un sucesor al cargo.

Miles de catalanes piden declarar la independencia

Unos 450,000 independentistas encabezados por el presidente catalán Carles Puigdemont se manifestaron este sábado por la tarde en Barcelona a gritos de “¡libertad!” e “independencia”, después de que el Gobierno central anunciara su intención de cesar a todo el Ejecutivo regional.

“Es hora de declarar la independencia”, dijo a la AFP Jordi Baltá, de 28 años, empleado de una papelería, estimando que ya no hay espacio para el diálogo.

La Policía local de Barcelona, la Guardia Urbana, cifró en 450,000 los manifestantes, más del doble que en la última protesta independentista, el martes.

La manifestación se había convocado originalmente para reclamar la liberación de dos líderes de organizaciones indepedentistas, Jordi Cuixart, de Omnium Cultural, y Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, encarcelados como sospechosos de sedición.

Sin embargo, el anuncio del gobierno de Rajoy de que pedirá al Senado —la cámara competente— el cese de todo el gobierno independentista y la convocatoria de elecciones regionales en seis meses, realzaron el perfil de la protesta.

La llegada de Puigdemont al frente del cortejo fue saludada con gritos de “¡presidente, presidente!”. Junto a él, se colocaron el resto de miembros del ejecutivo catalán, amenazados si, en una semana, y como parece, el Senado —donde el PP de Rajoy tiene mayoría absoluta— aprueba las medidas de Rajoy.

Anonymous ataca web del Tribunal Constitucional español

El colectivo “hacker” Anonymous se atribuyó ayer un ciberataque contra la página web del Tribunal Constitucional en España, supuestamente organizado en respuesta a la situación en Cataluña.

Anonymous usó Twitter para atribuirse la responsabilidad y aseguró que continuará con más ataques próximamente.

Expertos consultados por Efe coincidieron en señalar que la caída del “sitio” del Tribunal Constitucional se produjo por una “negación de servicio por multitud de visitas”, como es la tónica habitual en las reivindicaciones del grupo activista.

Se trata de una forma “muy sencilla” de tumbar una red, explicaron, que consiste en saturar una web al tratar de entrar en la misma desde miles de ordenadores a la vez.

El consejero delegado de la empresa All4Sec, Alfonso Franco, aseguró que Anonymous ha querido “tirar el servicio. Es su forma habitual de actuar y seguramente lo seguirá haciendo”.

El director general de Check Point Iberia, Mario García, dijo que “saturar el servidor es muy sencillo” y hoy (ayer)  lo han hecho “al menos sobre doce sitios web”, para lo que Anonymous “viene desde hace tiempo reclutando a gente”.

Anonymous utilizó en sus comunicaciones los hashtag #OpCatalunya y #FreeCatalunya, en relación a la situación de la región, tras la activación ayer del Artículo 155 de la Constitución por el gobierno de Mariano Rajoy.