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Las elecciones en El Salvador dejaron de ser una cita entre partidos y electores para convertirse en un triángulo que incluye a las pandillas, las que buscan repetir un “affaire” con las formaciones políticas en 2018 y 2019, según denuncias de las autoridades de Seguridad.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a inicios de octubre a 5.2 millones de salvadoreños para elegir a diputados y alcaldes en marzo de 2018, cita en la que la influencia de las pandillas se evidencia más que en anteriores comicios.

Desde mediados de año, las principales autoridades de Seguridad advierten sobre las intenciones de estas bandas de establecer alianzas con los partidos o candidatos para hacerlos ganar con sus votos a cambio de ablandar las medidas de seguridad, especialmente las “extraordinarias” lanzadas en 2016 y vigentes hasta 2018.

Esas medidas incluyen el endurecimiento del régimen carcelario para los pandilleros y la puesta en marcha de un comando elite de 1,000 agentes que ha dado caza a las columnas armadas en la zona rural.

“Tenemos conocimiento que, en parte de las estructuras de pandillas, hay planes de acercamiento, de establecer coordinación con algunos de los candidatos a cualquier cargo de elección pública”, señaló el ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde, en julio pasado.

Añadió que el combo ofertado por las bandas no solo incluye la simpatía en las urnas de sus miembros, sino también “a través de la amenaza o la violencia”, ahuyentar los votantes de sus contrincantes.

“!Mucho cuidado¡, porque entonces estamos ante una situación más grave todavía y es que los procesos democráticos y el sistema de elección que impera en El Salvador se ve afectado por el crimen organizado”, subrayó.

Coqueteo con políticos

Recientemente, el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, señaló que “sería demasiado inocente pensar que estos grupos criminales no van a coquetear con los políticos”.

A la información sobre esta amenaza de “simbiosis” entre políticos y pandilleros se suman los casos conocidos de diversos alcaldes procesados por dar prebendas a ‘mareros’ que los votaron.

El edil de la localidad central de Apopa, José Elías Hernández, fue arrestado y se mantiene preso desde junio de 2016 por supuestamente financiar y colaborar con las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) para ganar la alcaldía en 2015 y disminuir los índices de violencia en la zona.

Ese mes también fue detenido el alcalde de la localidad de Usulután (sureste), Miguel Ángel Jaime, por financiar con impuestos recaudados a tres células de la MS13 a cambio de los votos en las mismas elecciones, según la Fiscalía General de la República.

El escenario se percibe más si se toman en cuenta los antecedentes de reuniones entre representantes de los dos principales partidos, el oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con líderes de pandillas para las elecciones presidenciales de 2014.