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  • EFE

El marroquí Sael el Harrak fue entregado a las autoridades de su país el pasado miércoles, nada más salir de la cárcel donde cumplió 12 años de condena por su implicación en los atentados del 11-M, según supo hoy Efe de fuentes policiales.

Las fuentes no dieron más detalles ni precisaron dónde se encuentra ahora El Harrak, si ha regresado a casa de su familia en Larache (norte de Marruecos) o sigue en manos de la policía marroquí.

Generalmente la figura que se aplica a estos excarcelados es la "expulsión administrativa", que fue la que se aplicó en marzo del año pasado a Fouad el Morabit Amghar, también condenado por el 11-M y que purgó doce años de cárcel; nada más salir de la prisión, también fue expulsado a Marruecos.

El Harrak fue detenido en Parla (Madrid) el 8 de mayo de 2004 tras constatar la Policía que sus huellas estaban en una furgoneta usada en el 11-M y que días antes de los atentados llamó por teléfono a varios de los terroristas que se suicidaron en un piso de la localidad madrileña de Leganés el 3 de abril al verse cercados por la Policía.

Tras pasar dos años en prisión provisional a la espera de juicio, Saed el Harrak, fue puesto en libertad por un error del entonces juez instructor, Juan del Olmo, que fijó la fecha de comparecencia para la prórroga de la prisión preventiva después de que se venciese el plazo previsto por la ley.

Después volvió a ingresar en la cárcel ya que la Audiencia Nacional le condenó a 12 años de prisión por un delito de pertenencia a organización terrorista.

El juicio se celebró en 2007 y en él resultaron condenados 14 terroristas por la explosión de once bombas colocadas en cuatro trenes de Madrid el 11 de marzo de 2004.

El 11-M, considerado el mayor atentado de la historia de España, acabó con la vida de 193 personas y más de 1.800 viajeros resultaron heridos. Las condenas más abultadas recayeron en los marroquíes Jamal Zougam y a Otman El Gnaoui, considerados autores de 191 asesinatos consumados, 1.856 asesinatos en grado de tentativa y cuatro delitos de estragos terroristas, lo que representa un pena superior a los 42.000 años de cárcel.