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  • AFP

Miles de personas marcharon este miércoles en la capital argentina para pedir justicia por Santiago Maldonado al cumplirse tres meses del día en que desapareció en medio de la represión policial a una protesta mapuche, para luego ser hallado muerto en un río el 17 de octubre pasado.

"Desde el comienzo nuestro único reclamo ha sido saber la verdad y obtener justicia", dijo ante una multitud Sergio Maldonado, hermano mayor del joven de 27 años cuya muerte aún está bajo investigación.

Su familia acusa directamente a la gendarmería nacional (policía militarizada) que reprimió la protesta mapuche el 1 de agosto en Chubut, 1.900 km al sur de Buenos Aires, adonde Maldonado, un joven artesano, había concurrido en solidaridad.

La marcha, convocada por la familia bajo la consiga "el gobierno es responsable", contó con la adhesión de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, así como otros organismos defensores de derechos humanos y partidos de izquierda.

"Es inconcebible que en un gobierno constitucional como el de (Mauricio) Macri hoy se cumplan tres meses de una desaparición forzada seguida de muerte", dijo Taty Almeida, de Madres de Plaza de Mayo línea Fundadora presente en la marcha.

La justicia aún investiga las causas de la muerte, mientras que se esperan los resultados finales de la autopsia en la que participan peritos de parte y del Equipo Argentino de Antropología Forense, que trabajó en identificaciones en casos de genocidio en el mundo.

"Esa es la tranquilidad que tenemos las Madres, que están los antropólogos del equipo", dijo Almeida, que consideró al "Estado argentino como el responsable absoluto de la muerte de Santiago".

La familia ha descartado la hipótesis del ahogamiento del activista en el río Chubut, donde apareció su cuerpo el 17 de octubre, 300 metros río arriba de donde había sido visto vivo por última vez, según testigos.

"Santiago apareció muerto. Lo asesinaron, es una desaparición forzada", había dicho la semana pasada su hermano Sergio.

El cuerpo no presentaba lesiones, según declaró el juez Gustavo Lleral al término de la autopsia cuyos resultados definitivos aún están pendientes.

Su desaparición causó un terremoto político en Argentina en vísperas de las elecciones legislativas que se celebraron el 22 de octubre, cuatro días después del hallazgo del cuerpo.

El gobierno de Macri respaldó el accionar de la gendarmería en la comunidad mapuche.

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