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Además de sancionar al presidente Nicolás Maduro, Canadá sanciona a Tareck el Aissami, vicepresidente de Venezuela; Adán Chávez y Argenis Chávez, hermanos del fallecido presidente Hugo Chávez, así como a varios exministros y exdiputados chavistas.

Las sanciones contra los 19 altos funcionarios del régimen venezolano son parte de un conjunto de sanciones anunciado ayer por el gobierno canadiense contra 52 individuos.El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló en un comunicado que las sanciones “congelan los activos en Canadá” de las personas incluidas en el listado, e impiden que los sancionados puedan desplazarse a Canadá.

La ministra de Asuntos Exteriores canadiense, Chrystia Freeland, declaró que “Canadá está determinada a proteger los derechos humanos y combatir la corrupción en todo el mundo”. “El anuncio de hoy (ayer) envía un claro mensaje de que Canadá actuará contra individuos que se han beneficiado de actos de corrupción significante o que han estado involucrados en graves violaciones de los derechos humanos”, añadió. Las sanciones contra los 19 ciudadanos venezolanos se añaden a las impuestas el pasado 22 de septiembre contra 40 destacadas figuras del régimen de Maduro, incluidos Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral; Elías Jaua, ministro de Educación; Tareck el Aissami, vicepresidente, y Tarek Saab, fiscal general.

600 prisioneros políticos

El gobierno de EE. UU. reiteró ayer su condena al “incremento del autoritarismo” en Venezuela y aseguró que sigue “profundamente preocupado por la falta de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales” del pueblo venezolano.

El encargado de Suramérica en el Departamento de Estado, Michael Fitzpatrick, hizo ayer  esas valoraciones en Washington en un discurso en la organización Freedom House, que acogió un debate con embajadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre derechos humanos y democracia en Latinoamérica. “Estados Unidos condena el incremento del autoritarismo del régimen de Venezuela”, subrayó Fitzpatrick, quien consideró que el gobierno de Nicolás Maduro hace “esfuerzos sistemáticos” para intimidar y mermar a la sociedad civil, condenándola al exilio o metiéndola en prisión. “Hoy las cárceles de Venezuela tienen más de 600 prisioneros políticos, un número extraordinario”, lamentó Fitzpatrick.

El diplomático consideró que, en los últimos dos años, el mundo ha sido testigo de una “erosión constante” de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, y puso como ejemplo las “fraudulentas” elecciones regionales celebradas el pasado 15 de octubre. En esos comicios, el oficialismo se impuso con 18 gobernaciones de las 23 que tiene Venezuela, según resultados oficiales que no reconoce la oposición. “En Venezuela, seguimos profundamente preocupados por la falta de respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales”, afirmó el responsable del Departamento de Estado, quien consideró que el gobierno de Nicolás Maduro está tomando “acciones claras para socavar” la democracia y sus instituciones.

Más presión

Fitzpatrick culpó al “régimen” de Maduro de la crisis que vive el país suramericano y aseguró que su gobierno seguirá presionando a Venezuela con las “herramientas apropiadas”, desde sanciones económicas hasta persecuciones criminales, pasando por la reciente negación de visados a algunos funcionarios venezolanos. En su último veto migratorio, el presidente de EE. UU., Donald Trump, incluyó a Venezuela en el grupo de naciones que amenazan su seguridad y limitó la entrada a su país de algunos de sus ciudadanos. En concreto, el veto de Trump restringe la entrada al país de los funcionarios venezolanos encargados de proporcionar a su nación información sobre viajeros, de forma que la medida afecta por ejemplo a los trabajadores del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela.