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  • EFE

El tribunal, que es un órgano consultivo del Congreso Nacional, le pidió al Parlamento que suspenda las obras cuestionadas hasta que sean sanadas las presuntas irregularidades, que, según sus cálculos, pueden provocarle al Estado pérdidas sumadas por 3.500 millones de reales (unos 1.093,7 millones de dólares).

Entre las obras que el órgano fiscalizador recomienda detener provisionalmente, que tienen un costo total de 25.000 millones de reales (unos 7.812,5 millones de dólares), destacan la Planta Nuclear de Angra 3 en Río de Janeiro y la refinería Abreu e Lima que Petrobras construye en el estado de Pernambuco.

Igualmente figuran uno de los gigantescos canales con que el Gobierno pretende llevar aguas del río Sao Francisco hasta municipios en el estado de Alagoas, el proyecto de autopistas exclusivas para autobuses en la ciudad de Palmas, un corredor de autobuses en una importante vía de Sao Paulo y las obras de ampliación en carreteras federales en Río de Janeiro y Bahía.

Entre las irregularidades más comunes identificadas destacan la falta de proyectos, los proyectos deficientes o sin actualizar, los sobreprecios y el incumplimiento de los cronogramas acordados con los contratistas.

El Tribunal, en un informe en el que resumió sus tareas de este año, dijo haber identificado irregularidades graves en 72 de 94 grandes obras del Gobierno que fiscalizó en 2017, el 76 % del total, entre las que se incluyen los once proyectos que recomendó paralizar.

De las 126 obras fiscalizadas el año pasado, en 77 fueron detectadas indicios de irregularidades, por lo que el índice fue del 61 %.

El aumento del porcentaje de obras con posibles irregularidades se produce en momentos en que Brasil continúa con las investigaciones de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras descubiertos en 2014 y que constituyen el mayor escándalo de corrupción en la historia del país.

La Fiscalía desmontó una mafia de empresas constructoras que se distribuía los contratos de Petrobras, la mayor empresa del país, mediante el pago de sobornos a funcionarios de la estatal y a decenas de políticos que participaban en la red de corrupción.

El escándalo en Petrobras ha llevado a prisión a importantes políticos y empresarios del sector privado, además de salpicar al actual presidente brasileño, Michel Temer, y a varios de sus ministros, así como a los exmandatarios Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

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