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  • EFE

Múltiples organizaciones y personalidades celebraron hoy, de manera unánime, la promulgación de la esperada "Ley General de Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares" por el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, y pidieron la garantía de efectividad de la norma.

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, fue uno de los primeros en manifestar su gratificación en rueda de prensa, señalando que es una buena jornada "para los derechos humanos en México y el contexto internacional".

"Estos recursos deben incrementarse no solo por parte del Gobierno federal, sino también de los Ejecutivos y Congresos de las 32 entidades federativas, así como la voluntad política de ambos para la implementación plena de la referida ley", dijo.

Al mismo tiempo, instó a que la ley tenga revisiones periódicas cada seis meses que evalúen el cumplimiento de la instrumentación y aplicación de la normativa.

González insistió en que el Gobierno de México debe permitir "que se den las comunicaciones individuales con el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU".

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) también se manifestó mediante un comunicado en el que celebró el acto de Peña Nieto, no sin resaltar que "se deberá contar con los recursos necesarios para garantizar una implementación efectiva de dicha ley".

El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) tampoco tardó en festejar, aunque fue más exigente al considerar "indispensable" que la ley tenga una "implementación eficaz" y, además, "dé margen a la participación de las víctimas durante todo el proceso".

Peña Nieto señaló hoy durante el acto privado de promulgación que resulta "un paso de gran trascendencia" que brinda herramientas para combatir la impunidad y defender los derechos de las miles de víctimas y sus familiares.

Durante dicho acto, celebrado en la residencia oficial de Los Pinos, estuvo presente el representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, Jan Jarab, quien recordó que "fue un organismo internacional el primero en recomendar la adopción de una ley general en materia de desaparición de personas" en el año 2011.

"La promulgación de esta ley, así como la de tortura, es una muestra de las ventajas que ofrece la apertura a la cooperación de los organismos internacionales", dijo.

La Cámara Baja aprobó la norma el 12 de octubre, tras dos años de discusión en el Legislativo con la colaboración de familiares de desaparecidos, quienes exigían que la norma pasara cuanto antes para enfrentar una problemática que suma miles de víctimas en el país.

La norma establece que sobre quien cometa este delito caerá una pena de 40 a 60 años de prisión, y una multa que puede oscilar entre los 800.400 pesos (42.328 dólares) a los 1,6 millones de pesos (84.656 dólares).

En el caso de que la víctima sea migrante, niña, niño o adolescente, mujer, mujer embarazada, persona con discapacidad o persona mayor, periodista o defensor de derechos humanos, estas penas podrían aumentar hasta en un 50 %.

Asimismo, si la desaparición es cometida por un particular, la pena será de 25 a 50 años de prisión, y la multa de 320.160 pesos (16.927 dólares) a 640.320 pesos (33.862 dólares).

De acuerdo con datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, actualmente en el país hay 33.482 personas en México cuyo paradero es desconocido.

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