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La exfiscal de Venezuela Luisa Ortega Díaz pidió ayer ante la Corte Penal Internacional (CPI) una “orden de arresto internacional” contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y varios de sus ministros por crímenes de lesa humanidad, como más de 8,000 asesinatos y 17,000 detenciones arbitrarias.

Ortega se reunió durante casi una hora y media con personal de la Fiscalía de la CPI para presentar “más de 1,000 elementos probatorios”, entre ellos “reconocimientos médicos legales, reconocimientos siquiátricos, inspecciones técnicas y entrevistas”, según dijo a la prensa en La Haya.

Esas pruebas, recolectadas entre 2015 y 2017, mientras ella era la fiscal general de Venezuela, demostrarían las responsabilidades del Gobierno en crímenes de lesa humanidad, incluidos “asesinatos, torturas, encarcelaciones, así como un ataque sistemático y generalizado contra la población civil”, comentó Ortega a su salida de la CPI.

La exfiscal dijo que se ha visto “en la necesidad” de acudir a este tribunal porque “en Venezuela no hay justicia”, y mantuvo que en su país “no es posible que se logre sancionar a los responsables de esos crímenes”.

Añadió que ha existido “un ataque sistemático y generalizado contra la población civil” y que “funcionarios policiales y militares” asesinaron a 1,777 personas en 2015, a 4,667 en 2016 “bajo las mismas condiciones” y a 1,846 hasta el mes de junio de 2017.

505 asesinatos 

La exfiscal, que presidió el Ministerio Público de Venezuela entre diciembre de 2007 y agosto de 2017, incluyó en la denuncia la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), por la cual “fueron asesinadas 505 personas” y cuyos responsables habrían sido “grupos tácticos de combate”, dijo Ortega.

Todos esos crímenes se habrían cometido “bajo las órdenes del Ejecutivo” y amparados “en un plan que persigue el Gobierno de limpieza social”, indicó Ortega, que en su breve intervención ante los medios utilizó dos veces el término “razia” para describir los supuestos delitos cometidos.

Añadió que “la militarización de la seguridad ciudadana” tuvo como consecuencia que se permitiera “el uso de las armas de fuego en las manifestaciones, lo que también trajo como consecuencia muertes y represión hacia el pueblo de Venezuela”.

Otros denunciados

Además de implicar a Maduro, la exfiscal presentó denuncias contra los ministros venezolanos Vladimir Padrino López, responsable de Defensa, y Néstor Reverol, de Interior y Justicia, así como contra el director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), Gustavo González López, y el jefe del Gobierno del Distrito Capital, Antonio Benavides Torres.

“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por estos delitos de lesa humanidad”, dijo Ortega, así como “por el hambre, las miserias” y “las penurias a las que está sometido el pueblo”.

La exfiscal, que compareció flanqueada por su equipo legal en una declaración sin preguntas, se dirigió directamente a la ciudadanía venezolana, a la que le pidió “paciencia y esperanza” porque, según dijo, sus denuncias van a ser “exitosas”.

Son ya varias las comunicaciones que el tribunal de La Haya ha recibido sobre Venezuela, país que de momento no figura en el listado de “exámenes preliminares” de su Fiscalía.

Sin embargo, los informes y expedientes entregados ayer podrían tener un mayor efecto porque no se basan solo en testimonios de víctimas, sino también en informes técnicos que configuró el Ministerio Público de Venezuela.

Las pruebas presentadas ayer estuvieron en manos del sistema de Justicia venezolano, pero no se utilizaron posteriormente porque el Ejecutivo hizo todo lo posible para detener las investigaciones, explicaron a Efe fuentes del equipo legal de Ortega.

Tras su paso por la sede de la CPI, Ortega mantuvo una reunión extraordinaria con una comisión de política exterior del Parlamento Holandés, a la que asistieron diputados tanto de partidos conservadores como progresistas, informaron las mismas fuentes.

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