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Venezuela fue declarada este miércoles nuevamente en default parcial por la agencia calificadora Santard & Poor’s, esta vez por el impago de dos bonos soberanos, complicando aún más una posible renegociación de su deuda externa.

“No realizó el pago de 237 millones de dólares sobre sus obligaciones con vencimiento en 2025 y 2026”, cuyo período de gracia de 30 días venció el martes, subrayó la agencia en un comunicado.

S&P Global Ratings mantiene en “perspectiva negativa” la situación de pago de Venezuela, con reservas internacionales de apenas 9,700 millones de dólares: “El Gobierno podría incurrir en nuevos impagos o apelar a un canje de deuda, lo que equivaldría al default en los próximos tres meses”, comentó.

“El tema tiende a agravarse, pues ya son varios los instrumentos que han entrado en mora. El Gobierno debe aclarar rápidamente si es un tema operativo o de caja. La falta de un pronunciamiento genera incertidumbre”, aseguró a la AFP el consultor César Aristimuño, experto en deuda.

S&P y Fitch ya habían declarado esta semana a Venezuela y a su petrolera estatal PDVSA en default parcial, por el retraso de varios pagos de capital e intereses de la deuda soberana y de la compañía.

Los títulos de la petrolera representan 30% de la deuda externa venezolana, estimada en unos 150,000 millones de dólares, que el presidente Nicolás Maduro busca refinanciar.

PDVSA -sostén de la deprimida economía de Venezuela, que aporta 96% de las divisas- también fue declarada el 16 de noviembre en default por la Asociación Internacional de Swaps y Derivados (ISDA) -que reúne a acreedores-, por tres retrasos en sus pagos, lo que activa el proceso de pago de seguros.

El tiempo se acorta 

Aristimuño opina que las posibilidades de renegociación dependen de que haya una propuesta clara por parte del Gobierno, al que los acreedores exigirán que tenga el aval del Parlamento -de mayoría opositora y desconocido por el Ejecutivo-, además de un plan de recuperación económica.

“Si no hay esas manifestaciones, los períodos de tiempo se le irán acortando al Gobierno y puede verse enfrentado a demandas internacionales”, agregó.

Las agencias calificadoras y analistas opinan que las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a Venezuela y varios de sus funcionares complicarán -junto con los retrasos en los pagos- una negociación.

“Las sanciones (...) resultarán en una larga y difícil negociación con los acreedores”, subrayó S&P.

El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, quien sostiene que Venezuela es un “buen pagador”, reiteró este miércoles que Venezuela es “blanco de una persecución” financiera.

“Lo que está claro es que el mercado se enrarece y se llena de ruidos”, afirmó el economista Luis Vicente León.

Venezuela debe cancelar unos 1,400 millones de dólares en lo que resta del año y unos 8,000 millones en 2017.

Citgo, bajo la lupa

Si Venezuela no cumple con sus obligaciones, la filial de PDVSA en Estados Unidos, Citgo, y otros activos podrían ser embargados como parte de un proceso de litigios a los que se expondría, según Eurasia Group y otros centros de análisis.

El martes, las autoridades venezolanas detuvieron por presunta corrupción al presidente y a cinco vicepresidentes de Citgo, por haber puesto en garantía a esa empresa en la renegociación de deudas, bajo condiciones “leoninas”.

Especialistas petroleros como José Toro Hardy plantean que detrás de ello habría “una maniobra para desconocer esa garantía ante el default”. Aristumuño desestima esa posibilidad, al señalar que el gobierno no puede excusarse ante los acreedores alegando una mala actuación de la junta directiva de Citgo.

La corrupción, una producción en caída libre -1.9 millones de barriles diarios (mbd), frente a 2.27 mbd de 2016- y el uso de PDVSA como un banco para financiar el gasto social, debilitaron a la compañía, que otrora fue una de las cinco mayores del mundo, según expertos.

“Lo que más afecta es la caída de la producción de petróleo, que no le ha permitido beneficiarse de la recuperación de los precios”, observó Aristimuño.

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