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  • AFP

El presidente Enrique Peña Nieto reconoció este viernes el recrudecimiento de la violencia criminal en México, problema que atribuyó a la falta de capacidades de cuerpos de seguridad y a un marco legal inadecuado.

Peña Nieto cumplió este 1° de diciembre cinco de sus seis años en la presidencia de México, país azotado por la violencia ligada al narcotráfico que según cifras oficiales deja poco más de 208.000 desde finales de 2006, cuando el gobierno lanzó una polémica ofensiva militar antidrogas.

"En los primeros tres años de esta administración (2012-2018) se registró una importante reducción de los delitos. Lamentablemente, y hay que decirlo, esta tendencia se ha venido revirtiendo", dijo Peña Nieto en un discurso público.

Este año ha sido particularmente sangriento en México. Según el recuento de Gobernación (Interior), octubre pasado ha sido el mes más violento desde 1997, cuando inició el registro oficial, con 2.371 homicidios.

De enero a octubre suman 20.878 homicidios violentos contra las 20.547 en todo 2016. De mantenerse la tendencia, 2017 terminaría siendo el año más mortífero, superando a 2011, que sumó 22.855 asesinatos. Estas cifras no especifican cuántos casos estarían ligados al crimen organizado.

Este repunte dramático de la violencia se produce en la antesala de la campaña electoral para la presidencial del 1 de julio de 2018 y en la que se espera que el tema de la inseguridad sea uno de los puntos más polémicos.

Ese aumento se debe a "la disparidad de capacidades entre instituciones locales y federales y la falta de un marco legal adecuado y acorde a la nueva realidad", añadió Peña Nieto.

El presidente, que en fecha reciente no se había referido al repunte de la violencia, ha hecho repetidas declaraciones estos días para llamar al Legislativo a aprobar una ley de seguridad interior que regule, entre otras cosas, la intervención de las Fuerzas Armadas en tareas civiles como el combate a la criminalidad.

Los militares actúan desde hace más de una década sin un marco legal, lo que según defensores de derechos humanos ha conducido a abusos por parte de los uniformados.

Los diputados aprobaron el jueves la ley pero según defensores de derechos humanos y la oposición el texto no comtempla el refuerzo de las policías locales, conduciría a una militarización del país y los límites para la intervención de las Fuerzas Armadas serían muy subjetivos.

El Senado discute el proyecto mientras que sus críticos, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos (ombudsman), advierten que preparan una acción de inconstitucionalidad en caso de ser aprobada.

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