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  • EFE

El Tribunal de Cuentas de España ordenó el embargo preventivo de la vivienda que el expresidente catalán Artur Mas puso como garantía para cubrir la fianza de 5,2 millones de euros (6 millones de dólares) por emplear fondos públicos en la consulta independentista ilegal del 9 de noviembre de 2014.

Tras consignar 2,9 millones de euros en efectivo, Mas y cuatro antiguos altos cargos catalanes depositaron la documentación de varios inmuebles el pasado 23 de noviembre para cubrir el total de la fianza, impuesta por el Tribunal de Cuentas.

La instructora del tribunal mandó a los Registros de la Propiedad que procedan a ejecutar el embargo provisional de estos inmuebles, una vez acreditado que su valor es suficiente para cubrir la fianza, según una resolución a la que Efe tuvo hoy acceso.

El embargo será "en cantidad suficiente para asegurar el derecho de la Hacienda Pública a reintegrarse de los posibles perjuicios" económicos derivados del gasto de dinero público en la consulta citada.

La resolución se puede recurrir en un plazo máximo de cinco días ante la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

Según la resolución, la plataforma soberanista Asamblea Nacional Catalana (ANC) fue la que aportó los 2,9 millones de euros en efectivo en beneficio de todos los implicados en este proceso, que tuvieron que ofrecer sus fincas para asegurar los 2,3 millones restantes.

Mas, presidente de Cataluña entre 2010 a 2016, convocó en noviembre de 2014 un referéndum sobre la independencia de esa región española, que se celebró como una consulta no vinculante y sin valor legal tras ser suspendido por el Tribunal Constitucional español.

El expresidente fue condenado a dos años de inhabilitación y el Tribunal de Cuentas decidió investigarlo por supuesto desvío de dinero público para dicha consulta.

También su sucesor, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, y sus antiguos consejeros fueron denunciados por el Gobierno español ante el Tribunal de Cuentas por el referéndum inconstitucional de "autodeterminación" del pasado 1 de octubre.

El Ministerio de Hacienda pide que se les reclamen, en su caso, las "indemnizaciones procedentes", mientras la Justicia los investiga por malversación de fondos públicos, entre otros supuestos delitos.

Puigdemont y varios de sus antiguos colaboradores permanecen en Bélgica después de que el Tribunal Supremo español anulara las órdenes europeas de entrega dictadas contra ellos, aunque mantiene la de detención en España.

Tanto Puigdemont como los exconsejeros del cesado Gobierno catalán están procesados por la Justicia por los presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.