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  • EFE

Un juez argentino ordenó hoy la detención de los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa por presunto fraude millonario al Estado por no pagar durante el Gobierno de Cristina Fernández (2007-2015) unos 8.000 millones de pesos (unos 454 millones de dólares) en concepto de impuestos.

Según informaron hoy fuentes judiciales, el magistrado Julián Ercolini ordenó embargos sobre López y De Sousa hasta cubrir la suma de 17.042 millones de pesos (967,22 millones de dólares) y procesó sin prisión preventiva al exjefe del Fisco (2008-2015) y exauditor general de la Nación (2016) Ricardo Echegaray.

La decisión de detener a López y De Sousa, su socio, se produce después de que en octubre de 2016 el fiscal Gerardo Pollicita pidiera el procesamiento de ambos, así como de Echegaray y de otras 19 personas "por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública".

En el caso se investiga a diversos exfuncionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) -que ocuparon cargos durante el kirchnerismo a las órdenes de Echegaray- por posibles maniobras para favorecer "ilegítimamente" a los empresarios de la firma Oil Combustibles S.A, perteneciente al conglomerado Indalo, presidido por López.

Según el expediente, la Afip se prestó a irregularidades en el otorgamiento de planes de facilidades de pago respecto del Impuesto a los Combustibles Líquidos que dicha firma debía ingresar al Fisco y que, en cambio, utilizó para expandir y capitalizar el conglomerado económico Grupo Indalo".

En concreto, se acusa a los procesados de adeudar 8.000 millones de pesos argentinos (alrededor de 454 millones de dólares).

Los hechos investigados van de mayo de 2013 a diciembre de 2015, cuando Echegaray abandonó la cabecera de la Afip por el cambio de Gobierno.

"En connivencia y de forma coordinada, (los funcionarios imputados) incumplieron los deberes a su cargo -por acción en algunos casos y mediante omisión en otros- y con sus intervenciones permitieron que Oil Combustibles postergara indefinidamente el pago en forma irregular -acumulando deuda-", acusó Pollicita en su dictamen.

La investigación, cuyos imputados ya prestaron declaración ante el juez, se inició en 2008 a partir de una denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió por presunta asociación ilícita contra el expresidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010, funcionarios de Gobierno y un grupo de empresarios, entre ellos López, De Sousa y Lázaro Báez, este último detenido desde hace año y medio en otra causa por presunto lavado de dinero.

No obstante, López está afectado en otras causas, principalmente por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante el Gobierno de Fernández.

Es así que junto a Báez y la propia exmandataria está acusado de formar una asociación ilícita por los supuestos negocios irregulares cometidos en torno a esas concesiones.