•   Río de Janeiro, Brasil  |
  •  |
  •  |
  • EFE

El Gobierno brasileño autorizó hoy el envío de refuerzos policiales a Río Grande do Norte, estado del nordeste del país que registró diferentes incidentes violentos en los dos últimos días por la decisión de la Policía de no patrullar durante las noches en protesta por el atraso de sus salarios.

Los ministerios de Justicia y de Defensa informaron este jueves que, a petición de la gobernación de Río Grande do Norte, decidieron reforzar los efectivo que ya operan en ese estado tanto de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública como de las Fuerzas Armadas.

El número a ser enviados y la fecha de su llegada será decidida en negociaciones que proseguirán esta semana en Brasilia, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Río Grande do Norte.

Los refuerzos fueron solicitados por el gobernador de Río Grande do Norte, Robinson Faria, en reuniones que tuvo tanto con el ministro de Justicia, Torquato Jardim, como con el de Defensa, Raúl Jungmann, tras los incidentes que se registraron en la noche del martes por la ausencia de los policías en las calles.

Los policías figuran entre los funcionarios públicos de Río Grande do Norte que no han recibido sus salarios en los últimos meses por las dificultades financieras del Gobierno regional.

Según las autoridades regionales, el atraso en el pago de los salarios provocó una paralización parcial de los policías militarizados (que patrullan las calles), de los policías civiles (judiciales) y de los guardias carcelarios.

Río Grande do Norte ya contaba con la presencia de miembros de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública debido a que el Gobierno decidió reforzar la seguridad en la región tras las violentas rebeliones de presos que se registraron en este estado hace cerca de un año.

En la noche del miércoles, la segunda sin policías en las calles, las comisarías de turno registraron la denuncia de saqueos en cinco grandes comercios y el robo de 36 vehículos en Natal, la capital regional.

Las paralizaciones por los atrasos salariales también han afectado a los hospitales públicos, que suspendieron algunos servicios por falta de médicos y enfermeros.