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Los médicos bolivianos lidian con dos frentes: las emergencias y la huelga

Foto por: ARCHIVO / END

El fin de semana de Año Nuevo hubo reuniones con dirigentes de los médicos de las que emergió un principio de acuerdo, pero luego fue rechazado por las bases de sus organizaciones profesionales.

Los médicos protestan contra la legislación penal que recientemente aprobó el Gobierno, que contiene un artículo que según ellos criminaliza su labor con penas incluso de cárcel por mala praxis médica.

Los médicos del Hospital General de La Paz están obligados a atender a los pacientes más graves y dejar en espera a los menos complicados, ante la encrucijada de cumplir su deber o acatar una huelga que alcanza hoy los 41 días.

El recinto ubicado en una zona céntrica de la ciudad es uno de los más concurridos, debido a que comparte el espacio con otras reparticiones médicas especializadas y porque es una referencia de atención de enfermedades, incluso de las más simples.

La infraestructura de este centro médico paceño data de 1913, según un grabado en el frontis del edificio, y tiene un diseño antiguo con salas de techo alto, paredes gruesas, pasillos al aire libre con algunos jardines y pabellones que rompen con el diseño original.

Durante el conflicto médico la sala de emergencias es la que ha tomado mayor notoriedad, porque funciona con intensidad al suplir las consultas regulares que están suspendidas.

El director del hospital, Gonzalo Sillerico, admitió a Efe que durante los días de la protesta se ha optado por seleccionar "a los pacientes que no son muy graves" de los que lo son y que necesitan una intervención médica inmediata. Consultado sobre si cree que el paro representa un maltrato a los enfermos como continuamente dice el Gobierno, Sillerico asumió que sí, aunque después matizó que no se trata de un "gran maltrato" porque "las cosas graves" se han atendido y los pacientes con afecciones crónicas deben esperar.

En la sala de emergencias es donde se ve el mayor movimiento de pacientes y de médicos, con una fila de personas mayormente adultas y ancianas espera su turno mientras que otros ingresan y salen del ambiente con órdenes médicas en la mano.

Otro grupo de personas espera fuera, al aire libre: son los parientes de los enfermos que reciben las primeras atenciones y que pudieron lograr un espacio. "En estos cuarenta días se ha atendido de manera regular en la unidad de emergencias, se ha operado, se han internado a los pacientes", recalcó el jefe médico.

En los pasillos se agrupan personas que no dejan de llegar con la esperanza de que su médico los pueda recibir, mientras otros gestionan atención en farmacia y radiología, que son las reparticiones que no han dejado de atender.

Pero el contraste es rotundo y la atención se da en medio de paredes empapeladas con consignas de la movilización, mientras en los exteriores grupos de médicos bloquean la avenida que conecta con el hospital al son de estribillos contra el presidente Evo Morales y la ministra de Salud, Ariana Campero.

Pese a las denuncias de maltrato a la población hechas por el Gobierno, en los pasillos y en emergencias no se percibe más tensión que el malestar de cada enfermo trae consigo, pues según el director del hospital "el pueblo" los apoya. "Se han dado cuenta (los pacientes) que las cosas no están correctas en lo que refiere al total del tratamiento médico", aseguró Sillerico.

Los médicos protestan contra la legislación penal que recientemente aprobó el Gobierno, que contiene un artículo que según ellos criminaliza su labor con penas incluso de cárcel por mala praxis médica. El Gobierno defiende que sirve para proteger a los usuarios contra la negligencia médica y, según sus datos, la huelga ha conllevado más de 10.000 cirugías y casi un millón de consultas suspendidas.

El fin de semana de Año Nuevo hubo reuniones con dirigentes de los médicos de las que emergió un principio de acuerdo, pero luego fue rechazado por las bases de sus organizaciones profesionales.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, que encabezó ese acercamiento, afirmó que la movilización ha adquirido características "político-conspirativas", porque pese a haberse aceptado peticiones del sector, sigue el paro indefinido.