•   Lima, Perú  |
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  • EFE

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado el expresidente Alberto Fujimori, se declararon hoy traicionados por el mandatario peruano, Pedro Pablo Kuczynski, al haberle otorgado un indulto humanitario, como producto de una aparente negociación política.

La activista Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes de la universidad La Cantuta asesinados por el grupo militar encubierto Colina en 1992, afirmó que "no hay gestos desde el Estado que nos permitan cerrar con este dolor que permanentemente se abre cuando se toman este tipo de decisiones, de espaldas al derecho de los familiares".

En rueda de prensa con corresponsales extranjeros, Ortiz recordó que Kuczynski firmó un compromiso con los familiares, antes de la segunda vuelta electoral de 2016, "señalando que no se iba a dar el indulto y que iba a garantizar nuestro derecho a la justicia".

Fujimori fue condenado en 2009 por el homicidio de 25 personas en Barrios Altos y La Cantuta, y el secuestro de un periodista y un empresario en 1992, a 25 años de cárcel. No obstante, Ortiz agregó que ahora "ha traicionado ese compromiso y el voto que le hemos dado", en los comicios que disputó frente a Keiko Fujimori, la hija del exmandatario indultado el pasado 24 de diciembre.

La activista afirmó que han pasado "25 años de una constante defensa de este derecho a la justicia", y que "ese mismo derecho es el que ahora, frente a esta decisión ilegal del presidente Kuczynski, estamos ejerciendo en contra de la manera como se ha tramitado, y como se ha negociado este indulto".

Kuczynski otorgó el indulto al exmandatario (1990-2000) después de que una facción del fujimorismo, encabezada por el legislador Kenji Fujimori, lo salvó de la destitución en el Congreso.

La abogada Gloria Cano, que ejerció la defensa de los familiares en ambos casos, afirmó que "esta liberación a través de una componenda política viola los derechos de las víctimas". En ese sentido, junto al abogado Carlos Rivera, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la ilegalidad del indulto, dado que ese tribunal ordenó al Estado peruano sancionar a los responsables por esos casos.

Para Rosa Rojas, cuyo esposo e hijo de ocho años fueron asesinados en la matanza de Barrios Altos en 1991, "no se puede hablar de reconciliación, si Fujimori no ha ofrecido un perdón a los familiares de las víctimas". "Con este indulto que dio el presidente (Kuczynski) volvió a abrir las heridas que, queriendo o no, se estaban cerrando", expresó Rojas.

La mujer forma parte de un grupo de familiares de Barrios Altos que marcharon el 24 de diciembre, horas después del anuncio del indulto, por las calles de Lima para protestar contra la medida. Ese día "volví a recordar aquellos rastrillajes que hicieron esos criminales cuando fueron a asesinar a mi familia, apuntándonos a todas las personas que estábamos frente a ellos", expresó.

"A mi hijo le han quitado el derecho a la vida, siendo un niño de ocho años, no es para menos ese dolor que yo siento, hasta el día que yo me muera estaré ahí con ellos", manifestó Rojas.