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Los exgobernantes participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) expresaron en una declaración su “pública consternación y la más severa condena a la dictadura de Nicolás Maduro Moros en Venezuela” por la “masacre” del 15 de enero.

Ese día en una operación en un barrio caraqueño contra el grupo armado comandado por Óscar Pérez, al que el gobierno venezolano calificaba de “terrorista”, fueron eliminados ese exinspector de la Policía Científica y otros de sus integrantes, pese a que anunciaron ante varios periodistas su decisión de rendirse.

La declaración de los expresidentes señala que las “grabaciones que han circulado a través de la prensa internacional acreditada” indican la “clara disposición de entregarse” de Pérez y sus seguidores.

Sin embargo, “funcionarios del régimen y militantes armados a su servicio, antes bien y bajo señaladas instrucciones superiores

ordenaron la masacre de aquellos, incluido el uso —visualmente demostrado— de explosivos dirigidos a la vivienda que los cobijaba”, afirma la declaración enviada a Efe por Asdrúbal Aguiar, secretario de IDEA.

Violencia contra la población     

Los exgobernantes afirman que estos “crímenes de Estado” son “atentatorios contra los más elementales principios de humanidad” y se dan “dentro de un contexto de profundización del totalitarismo dictatorial”.

La “dictadura” que impera en Venezuela, según IDEA, ejerce también “violencia contra la población”, como demuestra, dicen los expresidentes, “la hambruna generalizada que es de notorio conocimiento por la comunidad internacional y la resistencia del régimen a dejarse ayudar para solventarla”.

También mencionan “la muerte de 134 personas en el contexto de las protestas y manifestaciones” del pasado año y la “prisión política de opositores en número de 818, aparte de ocurrir 5,511 arrestos por igual motivo durante el período señalado”.

“Cortas e insignificantes son, al efecto, las liberaciones que por cuentagotas ordena la dictadura, para aminorar la presión internacional sobre ella”, subraya la declaración.

Sanciones

Los exmandatarios recuerdan que La Ley internacional establece que “son inadmisibles” todas las acciones que “pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables” de tortura, ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y desapariciones forzadas.

“Hacemos una apelación directa a los organismos internacionales responsables de la garantía de la democracia y los derechos humanos, para que hagan valer su voz y actuación en esta hora que llena de horror y tristeza, como de miedo e impotencia al pueblo venezolano sujeto a secuestro”, concluye la declaración.

Los 22 firmantes son Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica; José María Aznar y Felipe González, de España; Nicolás Ardito Barletta y Mireya Moscoso, de Panamá.

También firman Belisario Betancur, Andrés Pastrana, César Gaviria y Álvaro Uribe, de Colombia; Felipe Calderón y Vicente Fox, de México; Alfredo Cristiani, de El Salvador; Fernando de la Rúa, de Argentina; Lucio Gutiérrez, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, de Ecuador; y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, de Uruguay; Jorge Tuto Quiroga, de Bolivia, y Juan Carlos Wasmosy, de Paraguay.

Iglesia venezolana dice que fue masacre

La Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) tildó ayer de “masacre” el operativo policial del lunes, en el que murieron 9 personas, entre ellas el exagente Óscar Pérez, que se rebeló contra el gobierno de Nicolás Maduro. La jerarquía católica en el país caribeño emitió un comunicado en el que “denuncia la horrible masacre evidenciada en las ejecuciones extrajudiciales y muertes de civiles en acciones perpetradas por fuerzas militares”. “Este acto nos pone ante la degradación e irrespeto de la dignidad y los derechos humanos atinentes a cualquier persona”, prosigue el escrito de la CEV en el que exigen a las autoridades, una investigación sobre dicha operación.

Los obispos venezolanos cuestionan en el texto “la falta de resolución pacífica de conflicto frente a un caso de solicitud de entrega, la ausencia de fiscales en el procedimiento y la utilización de grupos civiles armados” en el operativo, defendido por el Ejecutivo.

Asimismo, piden a la Fiscalía, “que vele por la entrega a los familiares de los cuerpos de los fallecidos”, que no se ha dado 72 horas después del operativo policial y “evitando la cremación, sin autorización de estos, para determinar la causa de la muerte”.

Antes de ser abatido el exagente de 36 años difundió en las redes varios videos en los que pedía entregarse para salvar las vidas de los “civiles inocentes” que decía que había en la vivienda donde se atrincheró en el oeste de Caracas.

El chavista Diosdado Cabello afirmó el pasado miercoles que en la operación hub enfrentamientos a disparos durante al menos siete horas y acusó a los insurrectos de tener en el sitio un carro lleno de explosivos con el que pretendían, dijo, asesinar a más funcionarios.