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El presidente de Estados Unidos Donal Trump había prometido durante su campaña “mano dura” con los migrantes ilegales, pero los que ahora están sumergidos en la incertidumbre gozaban hasta hace poco de una situación legalizada.

El primer capítulo ocurrió en septiembre de 2017, cuando el gobierno anunció la decisión de no renovar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), adoptado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama, y que permitía regularizar a los migrantes llegados ilegalmente al país siendo niños.

Con ese plumazo, el gobierno de Trump empujó a la ilegalidad a un contingente estimado oficialmente en unos 690,000 migrantes que hasta ese momento habían regularizado su situación, aunque otras estimaciones elevan ese número a casi 800,000 personas.

Desde entonces, la situación de esa enorme legión de migrantes regularizados se tornó el centro de un interminable forcejeo político y judicial.

El 9 de enero, un juez federal dejó sin efecto la orden de Trump de no renovar el programa DACA y con ello el gobierno federal se vio forzado a recibir pedidos de renovación de los permisos ya existentes que estaban a punto de caducar.

En tanto, los legisladores del Partido Demócrata adelantaron que obstaculizarán cualquier negociación para aprobar un nuevo presupuesto federal definitivo para el año fiscal si esa legislación no contempla también una vía de solución para los centenas de miles de beneficiarios del DACA. La Cámara Baja aprobó el jueves un proyecto temporal de presupuesto.

Insiste en el muro

Desde la Casa Blanca, Trump envió una señal clara: si quieren que el presupuesto incluya una cláusula para mantener en la legalidad a los jóvenes del programa DACA, los demócratas deberán también aprobar recursos para construir un muro en la frontera con México.

Desde el anuncio del fin del programa DACA, diversas entidades han sacado papel y lápiz para estimar el impacto económico de la decisión y los resultados son alarmantes.

Según el Centro para el Progreso Estadounidense, un centro de reflexión política de Washington, el fin del programa arrojaría en la ilegalidad o la perspectiva de la deportación a más de medio millón de personas, con un costo para el país de unos 433,000 millones de dólares en un plazo de una década.

De acuerdo con los cálculos del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, el fin del DACA significaría el fin inmediato del derecho de trabajar legalmente para unas 645,000 personas, con un costo monumental para que los empleadores repongan esa mano de obra.

Estos números explican porqué hasta la poderosa Cámara Estadounidense de Comercio se sumó a iglesias y sindicatos en un pedido al Gobierno para que reconsidere el fin del programa DACA y solicitaron al Congreso que apruebe una alternativa.

Fin de protección humanitaria

Pero al cumplirse el primer año de Trump en la Casa Blanca, el drama de la incertidumbre entre migrantes no se limita a los beneficiarios del DACA, sino que afecta además a extranjeros que habían recibido permisos de residencia por motivos humanitarios.

En noviembre pasado el Gobierno inició un proceso de revisión que lo llevó a cancelar el Estatus de Protección Temporaria (TPS) para ciudadanos de varios países latinoamericanos.

Inicialmente, retiró el TPS para unos 5,300 nicaragüenses protegidos en Estados Unidos desde que el huracán Mitch arrasó su país en octubre de 1998.