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La trama de corrupción bautizada como “Tráfico de influencias”, en la que ofrecían agilizar trámites administrativos en Guatemala relacionados con el crédito fiscal a cambio de comisiones ilícitas, recibió casi 2.6 millones de dólares.

Así lo aseguró recientemente en una conferencia de prensa el titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, ente que junto con el Ministerio Público (MP-Fiscalía), comandado por Thelma Aldana, llevaron a cabo esta investigación.

La causa, que empezó a ver la luz a raíz del caso “La Línea” --que tiene en prisión preventiva al exbinomio presidencial formado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti--, estableció la existencia de una estructura vinculada al cobro de comisiones a cambio de agilizar trámites de expedientes de crédito fiscal.

En el esquema de esta trama, dijo Aldana, el papel “clave” era desempeñado por el extrabajador de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Giovanni Marroquín Navas, en prisión preventiva por la red “La Línea”, pues era el “enlace” entre los funcionarios de la SAT que agilizaban los trámites y los intermediarios que buscaban clientes, es decir, empresas.

“Fue quien negoció, ofreció y dio beneficios económicos” a los funcionarios de quien era “amigo”, varios ya en prisión, y a los intermediarios para alterar “el orden cronológico” en la resolución de los expedientes, y lo hizo de forma “eficiente”, pues logró reducir los tiempos de los mismos, al menos 30, en los años 2011, 2013 y 2014.

Empresarios y políticos

Los clientes fueron 9 empresas, de sectores como la palma africana, las bebidas alcohólicas o el sector azucarero, y los intermediarios que buscaban a estos usuarios eran el excandidato a la vicepresidencia en 2015 y empresario Mario Leal, el diputado y vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, y el empresario Alfredo Muñoz Ledo, citado a declarar junto a otra decena de personas.

Sobre el parlamentario, las autoridades presentaron una solicitud de desafuero para que pueda ser investigado por los delitos de “tráfico de influencias y cohecho activo”, al igual que al juez Adrián Rodríguez, a cargo del Juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal, a quien lo quieren indagar por “prevaricato y denegación de Justicia”.

Las pesquisas preliminares, abundó la fiscal, señalan que Alejos “formó parte de los agentes externos” de la organización criminal, explicó Aldana, que ofrecía “servicios de gestión” ante la SAT para agilizar las solicitudes a cambio de “comisiones ilícitas”.

En cambio sobre el juez se cree que “a sabiendas y con toda determinación” emitió una resolución “contraria a la ley” y “fundada en hechos falsos buscando excluir de la persecución penal” a uno de los clientes de esta trama, la empresa Aceros de Guatemala, S.A.