•   Rio de Janeiro, Brasil  |
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  • EFE

Un hombre fue ejecutado en la noche de este sábado por un grupo de sospechosos mientras era atendido en el interior de una ambulancia, situada a las puertas de un hospital en la zona oeste de Río de Janeiro, informaron hoy medios locales.

La víctima, identificada como Mikael Barbosa da Cruz, se encontraba dentro de la ambulancia, cuando un grupo de supuestos criminales llegó y ordenó a los profesionales sanitarios que salieran del vehículo, según señaló el portal G1.

Acto seguido, los sospechosos efectuaron 15 disparos que terminaron con la vida del hombre y alcanzaron también a la ambulancia, que estaba en la entrada del Hospital Albert Schweitzer y se disponía a trasladar al paciente a otra unidad, donde se hubiera sometido a una neurocirugía.

El Departamento de Homicidios de Río informó de que ha abierto una investigación para esclarecer el motivo del asesinato.

El suceso pone de relieve la grave crisis de violencia que vive el estado de Río de Janeiro desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 2016 y que se ha intensificado desde que comenzó el año con una ola de tiroteos y muertos en diferentes partes de la capital homónima y su región metropolitana.

Entre la noche del viernes y la tarde del sábado, al menos seis personas murieron y otras siete resultaron heridas por bala en distintos episodios violentos que contrastan con la celebración del carnaval que ha sacado a miles de brasileños por las calles de la urbe durante este fin de semana.

Según Fuego Cruzado, una aplicación que ofrece un mapa de los enfrentamientos en Río y su zona metropolitana, en enero se registraron 688 tiroteos, lo que arroja una media de 22 por día, casi el doble de los registrados durante el mismo mes del año pasado.

El estado de Río, donde la mayor parte de la población se concentra en su capital y su región metropolitana, registró en 2017 el mayor número de muertes violentas desde 2009, con 6,731 homicidios, 7.5 % más que el año anterior, según un reciente informe del Instituto de Seguridad Pública regional.

La crisis de seguridad obligó al Gobierno central a enviar a mediados del año pasado 10,000 uniformados de las Fuerzas Armadas con la previsión de que permanezcan allí hasta finales de este año, pero su presencia no se ha traducido en una disminución de la violencia ni tampoco ha disuadido a los criminales.