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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció este jueves la apertura de exámenes preliminares por “presuntos crímenes” a raíz de informaciones sobre el uso de “fuerza excesiva” de los cuerpos de seguridad venezolanos y el empleo “de medios violentos” por parte de manifestantes.

“Tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de numerosas comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes (...) he decidido abrir un examen preliminar” sobre la situación en Venezuela, dijo en un comunicado la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, quien también anunció exámenes sobre Filipinas.

Es la primera vez que la CPI decide abrir dos investigaciones de este tipo simultáneas, por denuncias de opositores.

En el caso venezolano, desde abril de 2017 “se ha alegado que fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia utilizaron fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones y que han detenido y encarcelado a miles de miembros de la oposición, reales o aparentes, algunos de los cuales habrían sido presuntamente sometidos a graves abusos y maltrato”, señalaLa ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos Archivo/END

“También se ha informado que algunos grupos de manifestantes habrían recurrido a medios violentos, resultando en lesiones o muertes de algunos miembros de las fuerzas de seguridad”, añade en el comunicado.

En medio de una grave crisis política y socioeconómica, más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 durante manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro.

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La ex fiscal general de Venezuela Luisa Ortega había urgido a la CPI en noviembre a que investigara los presuntos abusos y torturas cometidos por las fuerzas de seguridad del gobierno venezolano.

“Nicolás Maduro y su gobierno deben pagar por esto, por estos delitos de lesa humanidad”, dijo entonces Ortega, al presentar ante la sede de la CPI en La Haya un legajo con 1,000 piezas de evidencias.

“Es un claro signo de que el CPI se está asentando como una corte mundial”, explicó Amal Nassar, representante permanente ante la Corte de la Federación Internacional para los Derechos Humanos.Más de 120 personas murieron en Venezuela entre abril y julio de 2017 Archivo/END

Eurocámara pide más sanciones a Maduro 

 En Estrasburgo, Francia, el pleno de la Eurocámara aprobó ayer una resolución que pide ampliar las sanciones impuestas por la UE a nuevos altos cargos del régimen venezolano, incluido el presidente Nicolás Maduro y sus colaboradores, tras el fracaso de las negociaciones en Santo Domingo, y condenó la expulsión del embajador español en Caracas, Jesús Silva.

Así se recoge en la resolución que firman populares, liberales y conservadores y reformistas en la Eurocámara sobre la situación de Venezuela que apoyó mayoritariamente también el grupo socialdemócrata, que antes del fin de las negociaciones esta madrugada apostaba por posponer el voto para no entorpecer el diálogo.

La resolución de la Eurocámara señala como “apropiadas” las sanciones ya aprobadas contra algunos dirigentes, pero apunta a que deberían ser “ampliadas” para los “principales responsables del incremento de la crisis política, social, económica y humanitaria”.

En concreto, se refiere “al presidente, el vicepresidente, el ministro de Defensa, los miembros de más alto rango del Ejército”, así como los colaboradores “del círculo más estrecho” de estos, “incluidas sus familias”.Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.  Archivo/END

Asimismo, el texto llama a “explorar” incrementar las sanciones económicas y diplomáticas si la situación se deteriora y se nombra a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA).

El pasado 22 de enero la UE formalizó sanciones contra el “número dos” del chavismo, Diosdado Cabello; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, y el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, por la “represión” en Venezuela, entre otros.

Más allá de las sanciones, el texto de los grupos conservadores y liberales del PE condena que la Asamblea Nacional Constituyente haya convocado unas elecciones en abril y reclama un “calendario electoral viable” dentro de las negociaciones en el país.