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Las acusaciones incluyen sobornos para adjudicar contratos de energía de la compañía estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).  De los cinco acusados, únicamente uno, César David Rincón Godoy, antiguo director de Bariven, una subsidiaria de PDVSA, declaró ayer ante el juez Stephen Smith, del Distrito Sur de Texas, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

Rincón fue extraditado la semana pasada desde España, país en el que fue detenido el pasado octubre como resultado de un operativo que la Guardia Civil inició a partir de una orden de detención del tribunal texano, que presentó una acusación de 20 cargos.

Otros tres acusados -el exviceministro de Energía de Ven zuela Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas; Luis Carlos de León Pérez, antiguo director de Finanzas de Electricidad de Caracas, subsidiaria de PDVSA; y Rafael Ernesto Reiter Muñoz, exgerente de Prevención y Control de Pérdidas de PDVSA,- fueron también arrestados en Madrid y se espera que sean extraditados en las próximas semanas.

El quinto acusado, Alejandro Istúriz Chiesa, también antiguo director de Bariven, sigue prófugo, detallaron las autoridades estadounidenses.

“La corrupción amenaza la estabilidad económica y política, y victimiza a las personas que cumplen la ley ordinaria al desviar fondos públicos a los bolsillos de funcionarios corruptos y sobornar a los contribuyentes”, apuntó el vicefiscal general interino de la División Criminal del Departamento de Justicia, John Cronan.

Sin voto en la ONU

Venezuela perdió ayer temporalmente su derecho al voto en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas por incumplimiento de pagos.

El país latinoamericano ya se vio en la misma situación el año pasado, cuando posteriormente recuperó el derecho a votar en ese órgano tras abonar parte de su deuda.    

Las normas de la ONU establecen la pérdida del derecho de voto en la Asamblea General para los Estados miembros que tienen pendientes pagos al presupuesto de la organización por una cantidad igual o superior a las contribuciones que les correspondían durante los dos años anteriores. 

Stéphane Dujarric, portavoz de Naciones Unidas, dijo que, a fecha 29 de enero, ocho países estaban en esa situación.

Además de Venezuela, se trata de la República Centroafricana, Dominica, Guinea Ecuatorial, Granada, Libia, Surinam y Yemen.    

Las reglas de la ONU permiten excepciones para Estados miembros que se enfrentan a situaciones extraordinarias.    

En este caso, la Asamblea General determinó el pasado octubre que Comoras, Guinea Bissau, Santo Tomé y Príncipe y Somalia puedan votar durante el actual período de sesiones a pesar de no haber abonado las cantidades correspondientes al presupuesto de la organización.

Deterioro de la democracia

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció ayer un “alarmante” deterioro de la institucionalidad democrática y el respeto de los derechos humanos en Venezuela.

El “debilitamiento de la institucionalidad democrática en Venezuela” se observa desde 2002, pero en los últimos dos años y especialmente en 2017, “ha tenido una profundización e intensificación alarmante”, afirma la CIDH en un informe que documenta abusos y desviación de poder por parte del gobierno de Nicolás Maduro.

El reporte es el tercero en 15 años en señalar un agravamiento de la crisis institucional y de derechos humanos en Venezuela, después de informes en 2003 y 2009, elaborados bajo mandatos del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013.

“Venezuela no puede continuar eludiendo indefinidamente sus responsabilidades internacionales en materia de derechos humanos”, dijo el presidente de la CIDH, Francisco Eguiguren, al presentar el documento.

El reporte, remitido el viernes a Caracas y que según la CIDH el gobierno de Maduro rechazó por considerar “claramente parcializado”, incluye 76 recomendaciones.