•   Lima, Perú  |
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  • EFE

La muerte de cinco menores en un motín e incendio en una cárcel juvenil puso de relieve la crisis que viven las prisiones de Perú, un año después de que el gobierno las declarara en "emergencia" y sin que se vislumbre una solución.

Los miembros de dos bandas rivales, "La Jauría" y "La Gran Familia", se enfrentaron el miércoles en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de la ciudad norteña de Trujillo. Quemaron colchones y muebles dentro de un pabellón, lo que provocó la muerte por asfixia de cinco adolescentes.

En enero de 2017, el gobierno peruano había declarado en emergencia al sistema penitenciario nacional por 24 meses para atender sus problemas, entre ellos la falta de infraestructura, pero -según expertos- casi nada se ha hecho desde entonces.

"El problema no solo es hacinamiento, también la infraestructura de los locales y los internos que ya cumplieron la mayoría de edad", dijo a la AFP Julio Magán, gerente de los Centros Juveniles del Poder Judicial.

Desde hace 21 meses los centros penales juveniles peruanos están a cargo del Poder Judicial, que viene solicitando al gobierno que sean transferidos al Ministerio de Justicia, que tiene bajo su tutela las cárceles de adultos del país.

"Existe pésima infraestructura en esos centros juveniles porque no son los adecuados, no hay un presupuesto, falta personal capacitado y especializado en el tratamiento de los menores, tampoco hay fiscales y jueces especializados", señaló Magán.

Además, estos centros juveniles se han convertido en "escuelitas de delincuentes", según el legislador opositor Octavio Salazar.

Falta de todo

Al decretar la emergencia en el sistema penal, el gobierno anunció que atendería las carencias en seguridad, salud e infraestructura.

Pero desde que asumió el poder en julio de 2016, el presidente Pedro Pablo Kuczynski ha enfrentado frecuentes embates de la oposición fujimorista, que controla el Congreso, que también buscó infructuosamente destituirlo por acusaciones de corrupción, por lo que las cuestiones políticas han estado al tope de su agenda en lo que lleva de gobierno.

"No tenemos la infraestructura necesaria. Constantemente, en los presupuestos anuales, solicitamos recursos para financiar infraestructura, pero lamentablemente esto no se nos da", señaló el juez César San Martín, de la Corte Suprema.

Los 10 centros penales juveniles del país, tres de ellos en Lima, albergan a 3.900 internos, el doble de su capacidad, explicó el magistrado a la prensa tras el motín de Trujillo.

Otro problema es que el sistema no contempla la transferencia de los internos que cumplen la mayoría de edad (18 años) a penales para adultos.

"El 45% de los internos en los centros juveniles alcanzaron la mayoría de edad y deberían estar en centros penitenciarios y no junto a los menores", precisó San Martín.

El legislador Salazar dijo a la AFP que la solución sería "la creación de los Centros Juveniles Factoría para que los menores que han cometido delitos puedan estudiar y aprender un oficio".

Grilletes electrónicos

Pero en las cárceles para adultos la situación no es mejor: la población penal peruana es de 84.000 reclusos, distribuidos en 69 penales, con capacidad total para 31.000 personas.

Del total, 27.000 son reos "primarios", con condenas menores a ocho años, según un reciente informe del Ministerio de Justicia.

Magán señaló que para resolver el hacinamiento hay tres opciones: que ingresen menos presos, que salgan más en libertad o que se construyan más penales.

Para reducir los ingresos a las cárceles, los jueces deberían aplicar medidas alternativas o disminuir las órdenes de prisión preventiva (mientras la fiscalía investiga los hechos), que se han convertido en mal endémico en el país.

Los magistrados también deberían conceder más beneficios a los presos y una buena alternativa son los dispositivos electrónicos para monitorizar la prisión domiciliaria.

El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) firmó un contrato para adquirir estos dispositivos y el sistema comenzó a implementarse con la meta de llegar hasta 500 personas, pero el actual gobierno lo anuló, aunque inició un plan piloto con los grilletes electrónicos, cuyos resultados por el momento se desconocen.

En julio de 2017, Sandra Salazar se convirtió en la primera persona condenada en Perú a la que se le colocó un grillete electrónico, con el que permanecerá en prisión domiciliaria hasta cumplir su condena de cuatro años y cuatro meses por estafa.

Además de Salazar, solo un puñado de personas tienen este dispositivo en el país. Un escollo para su masificación es que el propio condenado debe comprar el aparato y pagar su mantenimiento.